Una serie de irregularidades son las que se han detectado en el Poder Judicial de Puebla, de las cuales derivaron en siete sanciones a trabajadores, entre ellos jueces, magistrados y hasta psicólogos.
En entrevista, Pedro Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura local, confirmó que durante las revisiones realizadas en distintos órganos jurisdiccionales se han identificado conductas que ameritaron medidas disciplinarias contra personal adscrito al sistema judicial.
El funcionario explicó que, junto con los integrantes del Consejo de la Judicatura, han realizado recorridos permanentes por juzgados ubicados tanto en la capital como en el interior del estado para supervisar su funcionamiento, detectar posibles irregularidades y conocer las necesidades de trabajadores y usuarios.
Como resultado de estas visitas y de las quejas ciudadanas recibidas, se iniciaron procedimientos de revisión que derivaron en sanciones para diversos servidores públicos.
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Poder Judicial de Puebla sanciona a siete trabajadores: jueces, auxiliares y psicólogos
Martínez Hernández detalló que entre las personas sancionadas se encuentran jueces que suspendieron e incluso inhabilitaron, así como auxiliares, jefes de causas y psicólogos adscritos al Centro de Convivencia Familiar.
Aunque evitó precisar nombres o las faltas específicas, señaló que las sanciones fueron consecuencia de irregularidades que detectaron durante el desarrollo de distintos procedimientos judiciales.
“Tenemos algunos jueces inhabilitados, otros suspendidos. Hemos sancionado también algunos auxiliares, jefes de causas, psicólogos del Centro de Convivencia Familiar por detectar algunas irregularidades también dentro de los procesos de cada juzgado”, declaró.
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Reciben numerosas quejas contra personal judicial
El presidente del organismo explicó que la Oficialía Común del Consejo recibe de manera constante denuncias y quejas relacionadas con el actuar de servidores judiciales.
Indicó que cada caso es analizado de forma individual. Algunas denuncias son desechadas por carecer de pruebas o sustento legal, mientras que otras son remitidas al Órgano Interno de Control para su investigación.
Posteriormente, los expedientes regresan al Pleno del Consejo de la Judicatura, instancia que determina si existen elementos suficientes para imponer una sanción.
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Las declaraciones ocurren en medio de los esfuerzos del Poder Judicial por fortalecer los mecanismos de vigilancia interna y supervisión de los juzgados, particularmente después de que el propio Consejo reconociera la existencia de prácticas irregulares detectadas durante sus visitas de inspección en distintas regiones del estado.
