Otra deuda heredada por los exgobernadores Mario Marín y Rafael Moreno Valle provocan un boquete financiero. El Gobierno de Puebla deberá indemnizar por 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones.
Esto es por el Libramiento Poniente que no se construyó y que adjudicó de manera directa la administración del exgobernador Mario Marín en 2009 y que canceló su sucesor Rafael Moreno Valle, en 2012.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia para indemnizar a la empresa, que hace 15 años fue favorecida con la construcción del Libramiento Poniente.
La resolución de la Corte la dio a conocer la ministra Lenia Batres Guadarrama, a través de su cuenta en X, este 14 de junio.
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Proyecto del Libramiento Poniente ¿Por qué gobierno de Puebla debe indemnizar?
El proyecto de la autopista o Libramiento Poniente consistía en conectar a Huejotzingo con la autopista Siglo XXI a la altura de Atlixco.
El gobierno priista de Mario Marín (2005-2011) favoreció a la empresa con la concesión de la carretera durante un periodo de 30 años.
En 2012, el exgobernador panista Rafael Moreno Valle la canceló debido a que no había avances en las obras.
La empresa Melgarejo Construcción y Concesiones promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en ese mismo año.
La administración morenovallista entregó la concesión a Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), con los planes de retomar el proyecto.
Antecedentes de la deuda heredada por exgobernadores
De acuerdo al juicio interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con número de expediente 7831/2023, se establece que la empresa Melgarejo Constructores ganó el amparo.
Esto después de que la obra licitada por el gobierno del priista de Mario Marín, que les entregaron, se canceló en 2012 con el panista Rafael Moreno Valle.
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Este monto corresponde al costo de la obra que se llevaría a cabo en 2009 pero que fue cancelada.
“La empresa solicitó al gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción”, informó la ministra.
“Por lo que promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local quien declaró la negativa ficta, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante”, se lee en su ficha informativa.
La licitación entregada a la empresa fue por adjudicación directa.
