No hay interés de limitar la libertad de expresión para los periodistas, aseguró el gobernador Alejandro Armenta tras las críticas que recibió la reforma en materia de ciberseguridad, con la cual se tipifica el delito de ciberasedio en Puebla.
En entrevista este 17 de junio, el mandatario estatal dijo que está de acuerdo con la secretaria de Gobernación Federal, Rosa Icela Rodríguez, en que se deben llevar a cabo los foros para enriquecer la reforma.
El gobernador argumentó que Puebla ocupa el quinto lugar en ciberdelitos a nivel nacional, por lo que era urgente una “actuación contundente” para atender este problema, con apego a derecho.
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Sostuvo que lo mismo ocurre con la regulación de motocicletas y la ‘Ley Casco’, ya que son los vehículos más usados para homicidios. De igual manera, se prohibió la comida chatarra en las escuelas para disminuir los índices de obesidad infantil.
Reiteró que la intención de los legisladores no es restringir las libertades para los periodistas, sino proteger a la población de los delitos que ocurren en el ciberespacio.
“No hay ninguna restricción a los derechos humanos, no hay ningún interés de violentar las libertades y el actuar de los que se dedican al periodismo. Lo que se está haciendo es proteger a los niños, a las mujeres, proteger la identidad”, dijo.
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No hay interés de censurar a periodistas con ciberasedio en Puebla: Armenta
El gobernador Alejandro Armenta detalló que con los foros que llevará a cabo el Poder Legislativo, a petición suya, servirán para enriquecer esta ley incluso cuando ya la aprobaron y entró en vigor desde el sábado 14 de junio.
“Estoy seguro que las y los diputados van a enriquecerla, pero eso se tiene que hacer a partir de un análisis científico, de abogados, cámaras, organizaciones, organismos y padres de familia y empresarios que son los afectados frente a los ciberdelitos”, agregó.
La Ley de Ciberasedio es una reforma al Código Penal del Estado, con la cual se agrega el artículo 480 que tipifica el delito de ciberasedio, con una pena de hasta tres años de prisión.
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También se establecen hasta ocho años de prisión por usurpación de identidad a través de medios electrónicos.
La reforma fue publicada el 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor al día siguiente, fecha en que una mujer presentó la primera denuncia.
