El Ayuntamiento de Puebla inició un litigio para recuperar 11 millones 612 mil pesos que se perdieron durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, tras dejar inconclusas las obras de la 10 y 12 Oriente-Poniente
Edgar Vélez Tirado, secretario de Infraestructura Municipal, mencionó que en el caso de la 12 Oriente-Poniente, es la empresa la que se negó a regresar el adelanto de 5 millones 812 mil pesos que les fue entregado para comenzar con el retiro de adoquín.
Señaló que los responsables argumentaron que de acuerdo al fallo, ellos se harían responsables de la intervención de toda la vialidad; sin embargo, la actual administración emitió una nueva licitación para contratar a una empresa diferente.
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“En el tema de un juicio que traemos es por el anticipo que se le dio a la empresa que iba a realizar la 12 Oriente-Poniente, no quieren devolver un recuerdo por cerca de 5 millones 812 mil pesos, estamos todavía en el litigio”.
Segundo litigio es para solicitar que federacion regrese 5 millones 800 mil pesos
El secretario comentó que el presupuesto de 5 millones 800 mil pesos que sería destinado para remodelar la 10 Oriente-Poniente correspondía a recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamun).
Detalló que tras cancelarse las obras, tuvieron que regresar el dinero a la federación, por lo que están en proceso de que lo regresen para destinarlo a las obras que inician el ocho de mayo.
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“Es por la calle de la 10 Oriente-Poniente que ahí ya se solicitó la fianza de anticipo para poder cubrir porque tuvimos que regresar a la federación 5 millones 800 mil pesos que fue por recurso del Fortamun que así lo contrató la administración pasada”.
Obras no contaban con permisos
Vélez Tirado señaló que cuando iniciaron las obras durante la administración de Claudia Rivera no contaban con los permisos correspondientes, por lo que tuvieron que ser canceladas.
Para la nueva intervención a cargo de la actual administración, tuvieron que tramitar desde el principio los permisos de construcción y de impacto ambiental para que no fueran clausuradas y se llevaran a cabo dentro del marco de la ley.
“No contaban con permisos, había un tema de impactos ambientales que no habían arreglado y esta administración tuvo que arreglar primero estos temas”.