Un total de 35 contratos por concepto de asesoría jurídica y atención firmó la Secretaría de las Mujeres de Puebla, cuya titular es Yadira Lira, durante el ejercicio fiscal 2025.
Según datos obtenidos por MTP Noticias, el monto de lo facturado a personas físicas por ese número de contratos fue de 4.1 millones de pesos. Cinco de estos fueron por una cantidad de 138 mil 491.3 pesos, cada uno.
Estos sirvieron para brindar asesoría jurídica a mujeres en los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).
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El Gobierno de Puebla, que preside Alejandro Armenta, participa con 25 y a partir de abril de 2026 contará con 12 centros más.
¿Cuáles son los conceptos facturados en las asesorías a la Secretaría de las Mujeres?
Los 35 contratos de asesoría fueron adjudicados de manera directa desde la Secretaría de las Mujeres, y estos fueron asignados a personas distintas.
Quienes participaron en la orientación legal a mujeres que acuden a los espacios habilitados por el gobierno estatal con el objetivo de prevenir y atender casos de violencia de género.
De acuerdo con los documentos contractuales, la mayoría de los servicios se prestarían entre junio y diciembre de 2025.
Los contratos no fueron bajo la figura de servicios profesionales independientes, sino a través de contratos por prestación de servicios, todos bajo el mismo esquema administrativo.
En los documentos no se especifica el número de asesorías que cada persona física debía brindar en los Centros LIBRE.
Estos espacios forman parte de la estrategia estatal para ofrecer acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones de violencia o que requieren de orientación legal sobre sus derechos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la ‘Mañanera del Pueblo’ este 12 de marzo de 2026 que la meta es contar con un espacio en mil municipios del país.
Funciones de las asesorías jurídicas
Los contratos establecen las tareas de las personas contratadas dentro de este esquema de atención.
Entre ellas se encuentra canalizar los casos hacia la figura denominada “Abogada de las Mujeres”, quien es la responsable de llevar procesos de litigio estratégico relacionados con violencia de género.
Asimismo, las asesorías jurídicas debían dar seguimiento a la canalización de los casos atendidos, con el fin de verificar que las mujeres recibieran acompañamiento institucional.
Otra de las funciones consistía en brindar orientación jurídica a familiares de mujeres que no puedan acudir directamente a un Centro LIBRE, ya sea por motivos de movilidad, discapacidad o reclusión.
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Los contratos también establecen la obligación de registrar las atenciones en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), así como documentar las actividades realizadas en la plataforma oficial del programa.
