La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) culminó sin observaciones la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual fue por seis mil 077 millones 766 mil pesos.
Sin embargo, la Contraloría General abrió tres procedimientos por malos manejos o procesos administrativos incorrectos.
A lo largo de la revisión sobre el uso de los recursos federales, la BUAP logró solventar observaciones por un millón 335 mil 385 pesos.
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Fueron un total de 14 revisiones, en las cuales en nueve no se detectaron irregularidades y cinco se solventaron a tiempo.
Las investigaciones abiertas por la Contraloría General derivaron de diversos procedimientos administrativos relacionados con el registro y control de recursos federales.
El primero se debe a una inconsistencia en registró presupuestal y contable de las erogaciones de los Recursos del Gasto Federalizado. Los cuales fueron transferidos a las Universidades Públicas Estatales del ejercicio fiscal 2024.
Esto corresponde a Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios —coparticipación estatal—), al Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables, al Fondo de Aportaciones Múltiples, a los remanentes de este mismo fondo y al Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
El monto total fue de ocho mil 127 millones 441.6 miles de pesos, cifra que incluyó rendimientos financieros por 202 mil 684.5 miles de pesos. Estos se encontraron identificados, actualizados y controlados.
Asimismo, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales correspondientes.
Sin embargo, se constató que la documentación justificativa y comprobatoria de los subsidios no quedó cancelada con la leyenda “Operado” ni se identificó con el nombre de la fuente de financiamiento.
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Por ello, la Contraloría General de la BUAP inició el procedimiento número CG/DCF/001/2026/IA para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente correspondiente.
Detectan inconsistencias en informes y proveedores
El segundo caso que ameritó una investigación se originó porque la máxima casa de estudios remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro trimestres del formato denominado ‘Ejercicio del gasto’, los cuales publicó en sus medios oficiales de difusión.
No obstante, la información enviada en el cuarto trimestre careció de la calidad y congruencia requeridas. Ya que se observaron diferencias respecto a los recursos ejercidos.
Por lo anterior, la Contraloría General de la BUAP inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente número CG/DCF/003/2026/IA.
El tercer caso que derivó en una investigación interna fue relacionado con proveedores y contratistas que celebraron contratos superiores a los 300 mil pesos.
Se constató que 11 proveedores no autorizaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hacer pública su opinión de cumplimiento y cuatro no autorizaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, se identificó a un proveedor que no presentó en su expediente técnico la opinión de cumplimiento ni del SAT ni del IMSS.
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Por esta razón, la Contraloría General de la BUAP inició el procedimiento correspondiente e integró el expediente número CG/DCF/002/2026/IA, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas.
