Por la falta de evidencia de beneficiarios y contratos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial de 3.6 millones de pesos en el municipio de Atlixco, con Ariadna Ayala.
En el tercer informe de la cuenta pública federal 2024, la ASF inició dos procesos de auditoría en el municipio de Atlixco, de las cuales una derivó en un pliego de observaciones.
Cabe recordar que Ariadna Ayala es presidenta municipal de Atlixco desde 2021, por lo que las observaciones de la ASF por presunto daño patrimonial ocurrieron durante su primer mandato.
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Las observaciones detallan que el Ayuntamiento de Atlixco no proporcionó los expedientes técnicos de adquisiciones y servicios pagados con participaciones federales, por un monto de cuatro millones 212 mil 200 pesos.
Dichos expedientes son de los contratos CMADJA-065-2024 por 600 mil pesos y CMADJA-081-2024 por tres millones 612 mil 170.40 pesos, ambos del programa ‘Ayudas en materia de formación educativa y cultural’.
Dicho programa fue creado para otorgar apoyos sociales y donativos a la población en situación vulnerable del municipio.
Para los dos contratos, el gobierno de la morenista Ariadna Ayala no entregó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, para acreditar que el municipio recibió los bienes y servicios contratados.
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Ariadna Ayala no comprobó 3.6 millones de pesos en Atlixco; sin evidencia de beneficiarios
En el caso del contrato CMADJA-0065-2024, durante la auditoría el gobierno municipal presentó facturas, pólizas de documentación, los comprobantes de pago y las actas de entrega-recepción, por lo que el monto quedó aclarado.
Sin embargo, en el caso del contrato CMADJA-081-2024 de 3.6 millones de pesos, Ayala no presentó la evidencia de uso de los recursos federales.
La documentación faltante consta de identificación de los beneficiarios finales y la evidencia de la gente que resultó beneficiaria del programa de ‘Ayudas en materia de formación educativa y cultural’.
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Es decir, no hubo evidencia por parte del Ayuntamiento de que las personas realmente recibieron los apoyos.
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Además, tampoco entregaron evidencia de un contrato de la cuenta bancaria con la que se pagaron los apoyos.
