Por incumplir con la presentación de su declaración patrimonial y, en un caso, por presentar documentación apócrifa, destituyen e inhabilitan a siete funcionarios de la administración de Alejandro Armenta, como resultado de las acciones emprendidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó a través de un comunicado que las sanciones se emitieron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como resultado de procedimientos que inició la dependencia.
Y es que en la mayoría de los casos, obedecieron a la omisión de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en las modalidades de inicio o conclusión del cargo.
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De acuerdo con la dependencia, las inhabilitaciones van de cuatro a seis meses, dependiendo de la gravedad de la falta, mientras que a todos los servidores públicos sancionados los destituyeron de sus cargos.
La única excepción corresponde a un caso relacionado con la presentación de documentación falsa dentro de un procedimiento interno.
La resolución más relevante corresponde a Ana María, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), a quien destituyeron e inhabilitaron por cinco meses y 12 días.
Por cédula apócrifa y no presentar declaración patrimonial, destituyen e inhabilitan funcionarios
La Secretaría Anticorrupción determinó que la exservidora pública presentó una cédula profesional que no correspondía ni a su identidad ni al grado académico requerido durante un procedimiento escalafonario, conducta que consideró una violación a los principios de lealtad e integridad previstos en la legislación vigente.
En el resto de los expedientes, las sanciones estuvieron relacionadas con la omisión de presentar la declaración patrimonial, obligación que deben cumplir todos los servidores públicos al iniciar, modificar o concluir sus funciones.
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Entre los funcionarios sancionados se encuentra Carlos, de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, a quien destituyeron e inhabilitaron por seis meses al no presentar su declaración patrimonial de conclusión.
También sancionaron a Cristian, de la Secretaría de Seguridad Pública, con destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días por la misma causa.
En la Secretaría de Bienestar destituyeron a Erika, por omitir su declaración patrimonial de inicio, y a José Edmundo, quien además recibió una inhabilitación de cinco meses y 12 días por no presentar la declaración patrimonial de conclusión.
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A estos casos se suman José Ismael y Julián Manuel, ambos del organismo público descentralizado Convenciones y Parques, quienes también fueron destituidos e inhabilitados por incumplir con esa obligación.
La Secretaría Anticorrupción señaló que las resoluciones respetaron el debido proceso y precisó que los siete exfuncionarios aún pueden impugnarlas por la vía legal correspondiente.
Asimismo, aseguró que defenderá las determinaciones emitidas como parte de la estrategia del gobierno estatal para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
