La rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Cecilia Anaya Berríos se queda sin argumentos para no regresar a clases presenciales en el campus, una vez que se desecharon todos los recursos interpuestos por el antiguo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, encabezado por Margarita Jenkins de Landa.
Por ejemplo, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo declaró improcedente la suspensión de amparo con la que ha justificado la académica para no aceptar la entrega de la universidad, porque, según, se ha argumentado, existe una orden judicial federal para que el nuevo patronato que encabeza Horacio Magaña entregue en definitiva el inmueble.
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Incluso, entre las nuevas resoluciones, se deja en posesión del patronato al nuevo grupo que tomó el control de la UDLAP el 29 de junio del 2021, incluidas seis cuentas bancarias que tiene la universidad en diversos bancos.
Hay que recordar que en medio de esta disputa por el control de la universidad, el viejo patronato tiene el acceso de las cuentas bancarias, así como del personal académico y administrativo, mientras que el que encabeza Horacio Magaña tiene la administración del inmueble desde el 29 de junio del año pasado cuando por mandato de un juez, se asumió el poder, una vez que fueron relevados los Jenkins, debido a dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por un presunto fraude a la Fundación Mary Street Jenkins por 720 millones de dólares.
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Con las últimas resoluciones que se dieron, no queda ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional que impida que la rectora interina asuma la posesión, conducción y administración de la universidad.
El pasado 11 de febrero, Cecilia Anaya se opuso a recibir la UDLAP y se ha mantenido un campamento de un grupo reducido de estudiantes en las afueras de la universidad como forma de presión para exigir la devolución de la institución.
“Debido a que este juicio ya concluyó por improcedente, este patronato (el que encabeza Horacio Magaña) hace un nuevo llamado a la comunidad, a que se privilegie el interés superior de los estudiantes, así como los derechos de los académicos investigadores y trabajadores”, se indicó en un comunicado de prensa.
Independientemente de las resoluciones que ya se dieron en cuanto a la posesión de la UDLAP entre ambos patronatos, las investigaciones contra los Jenkins por la vía penal continúan, así como contra el anterior rector, Luis Ernesto Derbez, acusado de haber desfalcado a la universidad con al menos 100 millones de pesos y contra quien existe una orden de aprehensión.
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Por Alfredo Ramírez
