El gobernador Alejandro Armenta solicitará una auditoría al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) para dar a conocer los motivos de su disolución, antes de que desaparezca formalmente.
En rueda de prensa este 12 de mayo en Ciudad Judicial, el mandatario local instruyó al jefe del Gabinete del Estado, José Luis García Parra, y al titular de Educación, Manuel Viveros, para que solicite por escrito el ejercicio de fiscalización sobre el Capcee.
Lo anterior con el objetivo de conocer en qué estado recibió su administración el Capcee, y cuál será su situación al momento de desaparecer.
Explicó que hay escuelas en el estado que no tienen la infraestructura adecuada para la impartición de clases, esto debido a que “algo pasó” dentro de la dependencia encargada de construir obra educativa.
“Lo que queremos es que quede claro cómo recibimos el Capcee y por qué lo vamos a desintegrar”, dijo.
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Cabe mencionar que el pasado 2 de mayo el gobernador Alejandro Armenta adelantó la desaparición de dicha dependencia, al considerarla una institución que usaron para el saqueo de recursos.
Pasará a ser una subsecretaría dentro de la administración central de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dedicada a la construcción de espacios educativos.
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Hará Armenta auditoría al Capcee antes de que desaparezca; escuelas recibirán asesoría técnica
Ahora que este comité desaparecerá, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la obra educativa en las escuelas se llevará a cabo mediante asesoría técnica que recibirán por parte de los gobiernos municipal y estatal.
Lo anterior con el fin de que las espacios se construyan mediante proyectos de obra comunitaria, con el objetivo de que el dinero rinda más, sin que haya “noches” para los funcionarios.
Este comité fue utilizado para pagar a empresas fantasma para la construcción de espacios que nunca se hicieron.
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Asimismo, denunciaron a exfuncionarios como Jorge Cruz Bermúdez y Gustavo Guzmán Fernández, directores del Capcee en el gobierno de Luis Miguel Barbosa, por un presunto desvío de recursos por 300 millones de pesos
