En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud aumentó 12 puntos porcentuales al pasar de 16.2 por ciento en 2018 a 28.2 por ciento en 2020, lo que significó que 15.6 millones de personas en esta situación.
Desde que estaba en campaña, López Obrador anunció que desaparecería el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar el 1 de enero de 2020, con el que se busca dar atención y medicamentos a personas sin seguridad social, pero los resultados aún no se han visto.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud se dio principalmente por la disminución de la población que reportó estar inscrita al Seguro Popular o tener derecho a los servicios médicos del Insabi.
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Según la metodología del organismo que evalúa la pobreza, se considera que una persona se encuentra en esta situación cuando no cuenta con adscripción o afiliación al extinto Seguro Popular, a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina), a servicios médicos privados, o bien, no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el recién creado Insabi.
Ante el incremento de esta carencia, que se da en medio de la crisis sanitaria de Covid-19 y a la par del proceso de transición administrativa y operativa entre la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular, el Coneval enfatizó la necesidad de asegurar la atención.
“En materia de salud, es urgente que la transición al Insabi asegure la atención efectiva de la población y el pleno conocimiento sobre su funcionamiento y disponibilidad”, advirtió.
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La caída en la cobertura
Entre 2018 y 2020, la reducción de la población afiliada al Seguro Popular o que reportó tener derecho a los servicios del Insabi en zonas rurales fue de 20.4 puntos porcentuales al pasar de 69.3 por ciento a 48.9 por ciento de la población; en contraste, en las zonas urbanas pasó de 33.3 por ciento a 20.3 por ciento de la población, lo que representó una reducción de 13 puntos porcentuales.
Al respecto, el Consejo señaló que con esto se evidencia que la población rural se encuentra en una posición más vulnerable ante la desaparición del Seguro Popular, aunque menciona que la falta de acceso también puede ser por desconocimiento o a problemas de accesibilidad.
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El crecimiento a nivel nacional se repite en los estados. El informe del Consejo, ubicó a Oaxaca (16.3 por ciento a 36.9 por ciento), Guerrero (13.8 por ciento a 33.5 por ciento) y Chiapas (17.6 por ciento a 37.1 por ciento) con el mayor incremento en dicha carencia en dos años.
“Debido a que en zonas rurales predomina la población afiliada a instituciones de salud pública que no están ligadas a las prestaciones laborales, el cambio institucional de Seguro Popular a Insabi vulnera en mayor medida el derecho a la salud de las personas que habitan en este ámbito”, afirmó el Consejo.
Asimismo realizó un ejercicio en el cual estimó la carencia por acceso a los servicios de salud considerando únicamente los servicios de salud a la población que reporta afiliación al IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina, o los servicios médicos privados, es decir, sin tomar en cuenta el reporte de afiliación al Seguro Popular o al Insabi, y encontró que la situación pudo haber sido peor.
En ese escenario, Coneval señaló que la carencia hubiera pasado de 28.2 por ciento a 51.0 por ciento, es decir un aumento de 22.9 puntos porcentuales, que representa 29 millones de personas más que tendrían carencia por acceso a los servicios de salud.
Por @MTPNoticias
Crédito: Expansión Política
