El Congreso de Guatemala aprobó sorpresivamente una ley que sanciona el aborto con cárcel de hasta 25 años y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y enseñar sobre diversidad sexual en las escuelas, unas medidas condenadas por el defensor de derechos humanos local y grupos civiles.
La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, propuesta por el conservador VIVA, fue aprobada la noche del martes por una amplia mayoría de legisladores, incluyendo algunos de partidos aliados del presidente Alejandro Giammattei que la sacaron de la congeladora en la que estaba desde el 2018.
La ley fue aprobada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
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En contra de la ley votaron ocho legisladores y otros 50 no emitieron voto en el Parlamento guatemalteco para la aprobación de la polémica ley.
La polémica normativa, que aún debe ser publicada en el diario oficial para entrar en vigor, prohíbe fomentar “en la niñez y adolescencia” programas para promover la diversidad sexual, “la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
El texto, aprobado en el Día Internacional de la Mujer, señala también que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente “por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.
El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.
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El procurador de derechos humanos de la nación centroamericana, Jordan Rodas, condenó la decisión de los legisladores, al igual que organizaciones de personas LGBTIQ, y anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad.
“Viola los derechos humanos, viola los convenios internacionales ratificados por Guatemala, es un retroceso a las libertades”, afirmó Rodas a periodistas afuera de la sede del Congreso.
La norma eleva, además, las penas de prisión para las mujeres que aborten, que antes iban de 5 a 10 años y ahora se elevaron a hasta 25 años, y aunque mantiene la posibilidad de interrumpir el embarazo solo cuando esté en peligro la vida de la madre, endurece las condiciones para practicarlo.
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Rodas dijo que plantearán una “acción de inconstitucionalidad” ante las autoridades para que la normativa “no tenga efectos”, mientras algunas agrupaciones de mujeres protestaban por el nuevo estatuto en las afueras del Congreso durante la noche del martes.
Algunos diputados de izquierda se manifestaron en contra de la ley y dijeron que promueve el odio, la homofobia y criminaliza a las mujeres.
Crédito: Expansión
Por @MTPNoticias/ Metropolitano Puebla
