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El Congreso del estado aprobó a “ciegas” Inicios de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr) a exalcaldes por supuestas anomalías en sus cuentas públicas 2016.
Los propios diputados desconocen el total de exfuncionarios que serán investigados por posibles daños patrimoniales, ya que la presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena), señaló la semana pasada que los imputados eran 37, pero en la sesión ordinaria del pleno de este miércoles, se habló solamente de cinco.
De acuerdo con e-consulta algunos Ipadr van contra el actual diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, exalcalde de San Pedro Cholula, y la priísta Ernestina Fernández Méndez, de Tehuacán.
También a Rafael Núñez Ramírez (del PT), exedil de San Martín Texmelucan y a los priístas Gustavo Salomón Lara Torres y Carlos Alejandro Valdez Tenorio, exmunícipes de Ajalpan y Acatzingo.
Se indagará además al exalcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, emanado de Pacto Social de Integración (PSI), aprehendido el 5 de julio del 2017 por supuestos nexos con el robo de combustible y liberado el 10 de octubre del 2018.
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Los Ipadr se aprobaron con 28 votos a favor, dos en contra del PRI, cinco abstenciones de la bancada del PAN, CPP y MC, así como tres excusas de Espinosa Torres, Nancy Jiménez Morales (PAN) y Liliana Luna Aguirre (del PRD).
Acusan opacidad
Antes de la votación los diputados se enfrentaron por la opacidad en la dictaminación los 58 informes de fiscalización remitidos por la Auditoría Superior del Estado(ASE) desde el 6 de septiembre del año pasado.
Al iniciar la sesión del pleno, José Juan Espinosa Torres (del PT) y el diputado sin partido Héctor Alonso Granados denunciaron que en el orden del día se enlistaron las cuentas públicas sin precisar el sentido en el que fueron resueltas.
En el listado de asuntos a tratar sólo se colocó el municipio y el año al que corresponde el ejercicio de recursos, más no el monto de las irregularidades halladas por la ASE ni cuáles tendrían alguna sanción.
Romero Garci Crespo justificó que la fiscalización de cada cuenta pública se encuentra publicada en la página de internet de la auditoría y pidió a los diputados “buscar ahí” si querían conocer las resoluciones.
Defendió que no es necesario que se enlisten las resoluciones en el orden del día porque así lo permite el artículo 67 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del estado.
Ese artículo indica que:
“El Congreso del Estado por conducto de la comisión, realizará un análisis de los Informes Individuales, en su caso, de los Informes Específicos, y del Informe General correspondiente, con el propósito de aportar las sugerencias que juzgue convenientes y las que haya hecho la Auditoría Superior, para modificar disposiciones legales que tengan por objeto mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas”.
Los diputados Rocío García Olmedo (PRI); Nibardo Hernández Sánchez (PRI); Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN); Raúl Espinosa Martínez (PAN); Uruviel González Vieyra (CPP) y los perredistas Luna Aguirre y Armando García Avendaño se reunieron para reprobar los argumentos de la Comisión Inspectora.
Propusieron pedir que se retirara de la orden el día la dictaminación de las cuentas públicas o, en todo caso, votar en abstención.
Espinosa acusa venganza política
Espinosa Torres denunció en entrevista que el procedimiento en su contra es parte de una “vendetta política” dirigida por el presidente del poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla.
Sostuvo en entrevista que el daño patrimonial de 18 millones de pesos que se le imputa fue “fabricado” porque el año pasado su cuenta sería aprobada sin observaciones.
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El expresidente de la Inspectora afirmó que los 58 informes de fiscalización que remitió la ASE el año pasado venían originalmente sin observaciones y tendrían que haberse avalado a más tardar en mayo para que no causaran estado.
Sin embargo, denunció que fueron modificados con la llegada de Romero Garci Crespo a la inspectora para declarar las supuestas irregularidades y así iniciar los Ipadr.
En tribuna el panista Oswaldo Jiménez López señaló a su vez que las investigaciones son una venganza política, pues si bien aclaró que no defendía a ningún exalcalde, señaló que no hay argumentos jurídicos para aprobar los inicios de procedimiento.
Romero Garci Crespo negó la fabricación de irregularidades o que las cuentas públicas se usen como “garrote político” y sostuvo que la apertura de Ipadr fue decisión de la ASE y no de la Inspectora.
Crédito: @e_consulta
