Ya sin ‘barbosistas’ en el Congreso, Francisco Romero Serrano se registra para encabezar nuevamente la Auditoría Superior del Estado (ASE), en lo que representa una revancha personal y no de tintes políticos.
Este 28 de noviembre, Francisco Romero acudió al Congreso para formalizar su registro como aspirante a la ASE, cargo que ocupó del 2019 al 2022, durante el gobierno de Miguel Barbosa.
“Es un tema de índole personal, obviamente, como ustedes saben, no pude terminar satisfactoriamente el periodo por el cual fui elegido en esa ocasión. Esto corresponde a un tema íntimamente personal”, declaró.
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Y es que, a pesar de que lo eligió el Congreso para un periodo de siete años, en febrero del 2022 lo detuvieron y acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar.
Tras su encarcelamiento, por el cual se consideró preso político del exgobernador Miguel Barbosa, el Legislativo eligió a Amanda Gómez, quien luego renunció al cargo en octubre del 2023.
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En julio del 2024, Francisco Romero fue absuelto de todos los cargos en su contra y ahora, tras la muerte de Miguel Barbosa, el 13 de diciembre del 2022, busca nuevamente el cargo.
Esto a pesar de que Julio Huerta, primo de Barbosa, y Andrés Villegas, cercano al exgobernador, fungen como diputados locales en la LXII Legislatura, la cual se encargará de elegir al nuevo auditor.
“Yo lo que veo es que ya está don Miguel (Barbosa), y eso es absolutamente suficiente como para sentirme bien, en el sentido de que no van a meter las manos para, en un momento determinado, entorpecer mi participación”, dijo.
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Francisco Romero se registra para la ASE tras dos años en prisión; dispuesto a reabrir cuentas públicas
Francisco Romero afirmó que está dispuesto a reabrir las cuentas públicas de Miguel Barbosa en caso de llegar a la ASE y que así sea necesario.
Aunque dijo que no usará la auditoría como ‘garrote político’, tampoco descartó la posibilidad de fincar responsabilidades a la exauditora Amanda Gómez, por presuntas irregularidades.
En específico, señaló el caso de Accendo Banco, en el que el Gobierno del Estado perdió 606 millones de pesos en una inversión fallida.
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Sostuvo que hubo alertas y “focos rojos” en torno a dicha institución financiera.
“Considero que los focos rojos se prendieron y apagaron con anticipación, sobre todo en los indicadores del banco, entonces, considero que sí hay una responsabilidad”, acotó.
