No solo el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, está vinculado en el caso de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho ocurrido el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, Quinta Roo, sino también se encuentra el empresario José Kamel Nacif y ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, los cuales tienen una orden de aprehensión en su contra, las cuales fueron liberadas desde el pasado 11 de abril de 2019 por la titular del Tribunal Unitario en Quinta Roo, María Elena Suárez y que hasta el momento, se desconoce el paradero de los dos.
El 30 de abril del mismo año, se dio a conocer que el ex jefe de Mandamiento Judiciales, Juan Sánchez Moreno, fue detenido en la capital del país por agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). Su aseguramiento se realizó el 16 de abril, pero fue 14 días después que la dependencia lo dio a conocer. En enero de 2020, este hombre, fue sentenciado a pasar cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura contra Lydia Cacho, además de pagar una multa de 12 mil 112 pesos con 75 centavos.
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En noviembre de 2019, la policía María Irene Arteaga Rangel, también fue asegurada, encarcelada y enviada a Cancún, sin embargo, seis meses después, en junio de 2020, fue liberada por una magistrada con el argumento de que la cómplice presuntamente solo observó los hechos y no debe ser penalmente responsable; ya que se contradice la legislación aplicable que menciona que es responsable de delito quien no evite que se cometan actos de tortura.
El 4 diciembre de 2018, la extinta, Procuraduría General de la República, informó a través de un comunicado, que Alejandro Rocha, presunto torturador de la periodista y activista, fue detenido en Estado de Puebla y trasladado a Quintana Roo. En esa ocasión, el agente ministerial informó que el acto de tortura que se imputa lo habría cometido al trasladarla de Cancún a Puebla, trayecto en el que los policías amenazaron con violarla.
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#Entérate, efectivos de la #AIC de la @PGR_mx dieron cumplimiento a una orden de aprehensión, en el estado de #Puebla, en contra Alejandro “R”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura. pic.twitter.com/Tg2XpzTxo2
— AIC (@PGR_AIC) December 4, 2018
En 2014, el ex comandante de la Policía Ministerial, José Montaño Quiroz, fue el primer detenido en el caso de Lydia Cacho, fue el encargado de organizar el operativo para detenerla. En 2017 un juez federal dictó una condena por su participación en los hechos, cumpliendo una sentencia de cinco años y tres meses de prisión en un centro penitenciario en Quinta Roo, por lo que el 8 de diciembre de 2020, fue puesto en libertad.
La única policía que no ha podido ser detenida, y que cuenta actualmente con un amparo desde el 27 de febrero de 2020 es Verónica Chávez Cruz. Actualmente se encuentra prófuga.
Por Itzel Valencia/@itzivalencia
