Personas con antecedentes penales, que hayan cumplido con su sentencia por delitos dolosos, sí podrán competir por la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Así quedó aprobado este 20 de octubre por unanimidad, con 35 votos a favor, por diputados locales luego de que fueran obligados a corregir la reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios, después de que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Y es que en la aprobación de modificaciones a la Ley orgánica de la BUAP el pasado 8 de junio, en la fracción XI del artículo 18 se impedía la postulación de quienes tengan antecedentes penales sin que quedara claro para quienes están en proceso y para quienes hayan cumplido una pena.
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Con la justificación que con ese candado se impedía a la reinserción social de las personas que hayan estado presas por algún delito, la CNDH logró que los legisladores recularan y echaran abajo esa fracción.
La CNDH consideró en su momento que se había avalado una reforma discriminatoria. Como ejemplo se puso que esa ley impedía a mujeres que hayan abortado fueron enjuiciadas en no poder participar en el proceso interno de la BUAP.
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¿Qué es lo que se corrigió en la Ley BUAP para que ahora sí puedan competir por rectoría personas con antecedentes penales?
Lo que fue impugnada por la CNDH fue el artículo 18, fracción XI de la Ley de la BUAP que prohíbe nombrar al frente de la rectoría a una persona con antecedentes penales.
Tras ser notificados en el Congreso local, se revisó y se modificó en la Comisión de Educación para que de ahora en adelante, quienes hayan estado presos y cumplieron con sus sentencias, tengan los mismos derechos.
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La modificación se avaló sin mayor discusión en el pleno del Congreso de Puebla.
Entre otros puntos que fueron eliminados en la antigua ley orgánica de la BUAP está la eliminación de la edad máxima para dirigir la máxima casa de estudios, pues antes estaba limitado a los 65 años de edad.
La rectora de la universidad, Lilia Cedillo ha asegurado que en las modificaciones para esta reforma, hubo una consulta en la elaboración y participaron 53 mil 459 miembros de la comunidad.
Por Manuel Cuéllar/ @Manu_Cuellar10
