La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla regresó la iniciativa realizada por José (Pepe) Chedraui para concesionar por 10 años los 401 paraderos del transporte público. El argumento es que carece de garantías y transparencia.
La iniciativa, según explicó el alcalde de Puebla capital, contempla que la empresa ganadora de la licitación se encargue de rehabilitarlos y posteriormente instalar cámaras y botones de seguridad. Esto generaría un ingreso de 52 millones de pesos por la renta otorgada a la empresa.
La propuesta fue aprobada en agosto en el Cabildo y turnada al Congreso de Puebla, pues esta instancia es la responsable de revisar todo lo referente a la Ley de Ingresos y Egresos de la entidad y de cada municipio.
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En ese sentido, este martes 18 de noviembre los diputados del Congreso anunciaron que la iniciativa del Ayuntamiento debe modificarse. Falta precisar medidas de seguridad y los motivos de rescisión del contrato con la empresa ganadora.
Señalaron que estos vacíos representan un riesgo para el municipio, ya que una concesión de esta magnitud debe incluir mecanismos de sanción, lineamientos de operación y criterios de supervisión que garanticen transparencia durante toda su vigencia.
Lo anterior ocurrió tras una mesa de diálogo entre el Congreso y el Ayuntamiento. El propósito era programar una sesión posterior de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Sin embargo, tras la reunión se decidió cancelar y posponer indefinidamente dicha sesión.
El cambio obedeció a que la propuesta municipal requiere precisiones sustanciales antes de continuar su proceso legislativo.
Al respecto, Lupita Vargas, diputada del Partido Verde Ecologista de México y presidenta de la Comisión, confirmó que todavía no existe una nueva fecha para retomar las sesiones. Explicó que el trabajo legislativo debe garantizar que cualquier concesión que trascienda administraciones incluya especificaciones técnicas claras, así como parámetros de evaluación y control que aseguren su correcto funcionamiento y la transparencia del uso de los recursos.
Regresan diputados iniciativa para concesionar paraderos: modificaciones a la propuesta de concesión por 10 años
Entre los puntos que los diputados consideran indispensables están la incorporación obligatoria de cámaras de videovigilancia y botones de pánico en los paraderos, medidas que buscan robustecer la seguridad de los usuarios y atender el problema del acoso callejero. Actualmente, la propuesta no detalla la infraestructura tecnológica ni los estándares mínimos de seguridad que la empresa concesionaria deberá cumplir.
También se deben precisar las sanciones aplicables ante incumplimientos y los motivos por los cuales el Ayuntamiento podría rescindir el contrato.
Según los legisladores, estas condiciones protegen los intereses del municipio y evitan que la concesión se convierta en un beneficio desproporcionado para la empresa ganadora.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el diputado Pavel Gaspar, se contextualizó el historial de concesiones relacionadas con los paraderos del transporte público.
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Guadalupe Vargas recordó que la primera concesión fue otorgada en 2001 por un periodo de diez años.
En abril de 2010 se aprobó otra prórroga por una década, la cual concluyó en 2021. En 2022, tanto el Congreso como el Cabildo avalaron una concesión puente de tres años y medio que está por finalizar.
¿Qué implicaciones tiene esta iniciativa en Puebla capital?
Sobre la viabilidad financiera del proyecto, Vargas señaló que si el Ayuntamiento asumiera directamente la rehabilitación integral de los 400 paraderos, el costo sería de aproximadamente 35 millones de pesos.
Por ello, la administración municipal planteó la concesión como una alternativa que permitiría transferir la inversión inicial y el mantenimiento a la empresa adjudicada.
El modelo económico presentado por el gobierno municipal contempla un pago inicial de 15 millones de pesos por la concesión y una contraprestación anual de 2.8 millones de pesos. Esto representa un ingreso acumulado de 28 millones de pesos durante los diez años del contrato, cifra que se sumaría al pago inicial.
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De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas previamente, estos recursos serían destinados a fortalecer el gasto en materia de seguridad pública. No obstante, los diputados insistieron en que cualquier ingreso derivado de la concesión debe estar respaldado por un marco legal claro y mecanismos de supervisión que garanticen la correcta aplicación del contrato.
