Si atravesaste un mal momento económico y no pudiste pagar el recibo, en el Congreso proponen que empresas como Agua de Puebla no corten el servicio incluso si existe un adeudo.
La diputada Azucena Rosas, de Morena, plantea una modificación a la Ley de Agua del Estado para garantizar un “suministro mínimo vital” del recurso en los hogares de Puebla.
De acuerdo con la diputada, la Constitución Mexicana y la Constitución de Puebla defienden el derecho al acceso al agua para todas las personas, ya sea para consumo personal o en el hogar.
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Sin embargo, tras la privatización en 2013, en la zona metropolitana de Puebla se han implementado los cortes totales de suministro bajo el argumento de los adeudos por el servicio.
Recordar que en Puebla, activistas como Omar Jiménez (QEPD) ganaron juicios de amparo en contra de Agua de Puebla para evitar los cortes del líquido a quienes tuvieran deudas con la empresa.
En un lapso de siete años, del 2015 al 2022, ganó 600 amparos contra Agua de Puebla por los cortes de líquido y drenaje, algo que se consideró contradictorio al derecho humano al agua.
Ahora, la iniciativa en el Poder Legislativo local es que no se pueda cortar el suministro de agua bajo ninguna circunstancia.
Proponen que Agua de Puebla no corte servicio si hay deuda; habrá “suministro mínimo vital”
La iniciativa de Azucena Rosas modifica los artículos 99 y 122 de la Ley de Agua del Estado, a fin de crear un suministro mínimo vital de 50 litros
El artículo 99 plantea que los prestadores de servicios podrán aplicar mecanismos de restricción en el suministro de agua, pero sólo si hay una causa justificada.
Uno de los motivos para la restricción del servicio será la falta de pago puntual de las contribuciones, derechos o tarifas.
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Si se trata de uso doméstico, quedará prohibida la suspensión total del servicio, pues en esos casos se implementarán restricciones con un suministro mínimo vital de 50 litros diarios por persona.
Mientras que el artículo 122 le da facultades a los prestadores del servicio, como Agua de Puebla, para instalar dispositivos calibrados para reducir el flujo de agua.
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El pago por la instalación de dichos dispositivos caerá en los usuarios y se cobrará mediante un convenio con las empresas.
La propuesta está en análisis de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local.
