El gobierno de Miguel Barbosa Huerta advirtió a los Jenkins, prófugos de la justicia por dos órdenes de aprehensión en su contra, que hay pruebas que acreditan el saqueo de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, que estaban destinados a la asistencia social en Puebla.
Esto, debido a que los descendientes de William O. Jenkins, se indignaron por las declaraciones que dio esta mañana el mandatario local, en el sentido de que no permitirá “desmadres” ni “chingaderas” en el manejo de los bienes que pertenecen a la fundación, incluida la UDLAP.
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En un comunicado de prensa enviado desde Zapopan, Jalisco, los Jenkins aseguraron que no se han adueñado de nada porque el patrimonio de la fundación “está en una amplia mayoría invertido en bienes inmuebles, y activos, donde el 50 por ciento de sus recursos corresponden al propio Campus de la UDLAP, que permanece intervenido de forma ilegal”.
Además, se explica que el 40 por ciento está en bienes inmuebles dentro de México y el resto de los recursos “siempre ha estado en un portafolio de inversión en el extranjero que genera intereses, cuyos rendimientos se destinan para los donativos y obras altruistas de la fundación”.
Entorno a lo que ocurre en la UDLAP, acusaron que de manera ilegal, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla busca apropiarse de los recursos y de la institución a través del nuevo patronato.
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“Hay pruebas de todo”
En respuesta, en otro comunicado, el gobierno estatal dejó en claro que la solución a todos los conflictos sería que los prófugos de la justicia restituyan todo el patrimonio que sacaron de Puebla a la fundación.
Y es que a través de diversas fundaciones, los Jenkins sacaron el dinero de Puebla, del país, hasta terminar en paraísos fiscales en Panamá.
“Afortunadamente para Puebla, hay pruebas de todo que están siendo presentadas ante las autoridades, mismas que deberán dar la razón a quien conforme a derecho corresponda”, se lee en el documento.
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Por Mitzi Pulido Tzompa / @Mitzi_Pulido
