Por ser violatorio a los derechos humanos, la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa para eliminar la pena de hasta 12 años de cárcel en contra de los medios de comunicación que publiquen ‘fake news’.
La reforma contempla derogar el artículo 165 del Código Penal para el Estado de Puebla, la cual establece que:
“Se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientas Unidades de Medida y Actualización, a quién haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.
La legisladora local panista expuso en su iniciativa que esta ley atenta en contra de la libertad de expresión y de publicidad, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimo que es necesario difundir la máxima diversidad posible de información e ideas.
Recomendamos: Ellos son los 13 poblanos electos para el Consejo Político Nacional del PRI
El pasado 6 de mayo del año 2020, el representante del Alto Comisionado dio a conocer, mediante el oficio OACNUDH/REP093/2020, su preocupación por la violación a derechos humanos, ya que no resulta conforme al marco internacional relacionado con la materia de regulación del derecho a la libertad de expresión, toda vez que dicha regulación debe cumplir con dos aspectos fundamentales:
- Perseguir un fin lícito y legítimo dentro de un grupo acotado de posibles limitaciones.
- Constituir una medida necesaria, idónea, proporcional y estrictamente definida para el fin que se busca.
Esta iniciativa fue remitida a la comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
Te puede interesar: ¿Adiós ‘Multa Cero’ en San Pedro Cholula?, diputados piden no permitir que borrachos manejen
‘Ley Mordaza’ no prosperó
En abril de 2020, los diputados Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla presentaron una propuesta para adherir un segundo párrafo al artículo 165 a fin de penalizar a todo aquel que difunda o comparta información falsa en plataformas digitales o medios de comunicación durante una contingencia sanitaria.
“Una sanción de dos a seis años de cárcel y multa de hasta 200 salarios mínimos a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado”.
Sin embargo, esta propuesta fue mandada a la congeladora por lo que no fue ni siquiera discutida en comisiones, después de que organismos locales y nacionales acusaron que esta medida criminaliza a la prensa.
