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El INE abrió un proceso especial sancionador contra la coordinadora parlamentaria del PES, Nora Yéssica Merino Escamilla, por apoyar en horario laboral al candidato de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta.
La investigación contra la legisladora local fue ordenada el martes por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A través de un recurso de revisión instruyó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE para que acreditara si, efectivamente, la legisladora descuidó su labor por hacer proselitismo.
La denuncia fue promovida por el PAN también contra las diputadas Vianey García Romero y Tonantzin Fernández Díaz (de Morena), quienes fueron exoneradas.
Merino Escamilla será investigada porque el 23 de abril acudió al evento denominado “Jóvenes recuperando Puebla”, pero el mismo día estaba programada en el Congreso del estado la sesión de la Comisión de Deporte y Juventud —de la cual es integrante— misma que se canceló por falta de quórum legal.
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En su resolución al juicio SRE-PSD-019/2019, la sala especializada detalla que pidió información al área jurídica del Poder Legislativo y confirmó que la sesión estaba agendada, pero Merino Escamilla presentó un justificante para ausentarse.
A su vez, la representante del distrito 10 con cabecera en Puebla capital, señaló que además de su justificante la sesión fue cancelada, por lo tanto defendió que su asistencia a la campaña no obstaculizó el trabajo legislativo.
Ante la posibilidad de que la sesión se haya cancelado precisamente por su inasistencia, el tribunal pidió al INE iniciar las pesquisas.
Es así que el miércoles la UTCE abrió el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/CG/89/2019, donde comprobará si Merino Escamilla provocó la cancelación de la sesión por su inasistencia, ya que la comisión puede sesionar con la mitad, más uno de sus seis integrantes.
Tanto la líder de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) como las diputadas de Morena, también fueron acusadas de uso de recursos públicos con fines electorales y de violar los principios de equidad e imparcialidad que deben guardar todos los servidores públicos durante una contienda electoral.
Sin embargo, estos señalamientos fueron declarados inexistentes por el TEPJF y solo ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que indague el proselitismo en horario laboral.
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Crédito: e-consulta
