El Congreso aprobó la solicitud para que el ayuntamiento de Puebla ceda el Paseo Bravo al gobierno estatal en comodato, esto por un periodo de cinco años hasta el 2030.
En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, este 12 de diciembre, las y los diputados aprobaron el decreto enviado por el gobernador Alejandro Armenta el día anterior.
Con la aprobación del Legislativo, el parque quedará bajo resguardo del organismo público descentralizado (OPD) Convenciones y Parques, que actualmente dirige Michelle Talavera.
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La sesión del Paseo Bravo superará el trienio del edil José (Pepe) Chedraui, pero no el sexenio del gobernador Alejandro Armenta.
Una vez que el estado tome posesión, el comodato durará hasta el 13 de diciembre del 2030, es decir, el último día de la administración de Armenta.
Esta fecha no se estableció en el documento original enviado por el mandatario, sino que lo añadieron los legisladores para determinar la fecha en que finalizará el contrato.
Una vez concluido dicho periodo, el Paseo Bravo volverá a ser administrado por el gobierno municipal en turno.
Será en la sesión ordinaria del próximo lunes, 15 de diciembre, que el proyecto pase al pleno para la votación final.
Recordar que, incluso cuando aún no tiene control del espacio, el gobierno del Estado realizó una licitación para la rehabilitación total del Paseo Bravo, con el fin de mejorar la imagen del parque.
Congreso aprueba entrega del Paseo Bravo hasta 2030; aumentan penas para extorsión
En el mismo sentido, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia dio el visto bueno a la reforma para homologar el Código Penal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
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Con esto, se modifica el artículo 292 Bis y se establece que el delito de extorsión en Puebla, así como las sanciones, estarán sujetas a lo que dicta la ley general.
Esta también fue una propuesta enviada por el mandatario, con la que las penas máximas por este delito irán hasta los 42 años de prisión y multa de hasta 56 mil 570 pesos.
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También se someterá a votación en la próxima sesión del pleno del Congreso.
