Con otra reforma constitucional, los legisladores de Puebla buscan acabar con los pleitos que existen actualmente en el Poder Judicial entre el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox y Margarita Gayosso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras la entrada en vigor de la iniciativa que envió en su momento el exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, es decir, los coordinadores de las bancadas, presentaron una iniciativa el jueves 27 de abril de 2023 en la que se delimitan las facultades de cada uno de estos personajes, en la que se acota a Palafox, pues la reforma que se aprobó en octubre del 2022, se le dio todo el poder.
Sin embargo, se deja en claro que la administración de los recursos del Poder Judicial, seguirá a cargo del Consejo de la Judicatura, es decir, de Palafox, con la diferencia de que ahora, cada presidencia decidirá en qué se destinará ese dinero. Con ello, Palafox perdería facultades para contratar o despedir personal en las otras áreas como en el TSJ.
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“Su misión institucional se concentra únicamente en el gobierno judicial en sentido amplio de la expresión, por lo que su diseño orgánico no debe dejar ningún espacio a la injerencia del propio consejo o de sus integrantes en el ejercicio de la función jurisdiccional asignada a los órganos con dicha naturaleza”, se lee en documento revisado por MTP Noticias.
¿Qué plantea la nueva reforma constitucional al Poder Judicial de Puebla?
De entrada se propone reformar la fracción III del artículo 63 para que no solamente sea el Tribunal Superior de Justicia que encabeza Margarita Gayosso el facultado para promover iniciativas en materia de administración de justicia, sino que sea cada uno de los plenos de los órganos del Poder Judicial, a través de sus respectivas presidencias.
En el caso del Consejo de la Judicatura, se delimitan sus funciones de administración, vigilancia y disciplina así como la rectoría de la carrera judicial de sus miembros, aclarando que la facultad de emitir acuerdos generales por parte del consejo corresponde única y exclusivamente a aquellos de carácter administrativo que faciliten la función jurisdiccional de los órganos que integran este poder.
“De igual forma, se precisa que la administración del presupuesto del Tribunal Superior de
Justicia, la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa corresponderá al
Consejo de la Judicatura, atendiendo a las necesidades de los órganos jurisdiccionales, de tal forma que se eviten las duplicidades de estructuras administrativas dentro de los órganos jurisdiccionales”, se lee.
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Este era uno de los puntos de disputa entre Palafox y Gayosso, pero a la hora de los problemas, como la contratación o despido del personal, se echaban la bolita.
Otro de los puntos relevantes es que se modifica la denominación de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver en materia laboral para denominarse Tribunales Laborales, modificando su composición para ser integrados por un juez conforme a lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado determine. Para ello, se reforma el artículo transitorio octavo de la declaratoria de reforma constitucional de 24 de octubre de 2022, para incluir los tribunales laborales.
También se mantiene en el artículo 88 la prohibición de que los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional integren o presidan el Consejo de la Judicatura, con el propósito de garantizar su autonomía frente a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Sobre la Sala Constitucional, se precisan sus facultades para que no ejerza competencia en contra de actos procesales o resoluciones judiciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, así como que podrá determinar el criterio que prevalezca ante cualquier interpretación de la Ley Orgánica.
En cuanto a la inclusión de Justicia Administrativa dentro del Poder Judicial, se incluyen artículos transitorios para dejar en claro sus obligaciones.
Proponen crear comisión para apoyar a Palafox en implementar la nueva reforma en Poder Judicial
En esta iniciativa también se propone la creación de una comisión implementadora transitoria y plural, integrada por representantes del Consejo de la Judicatura, del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia y la Sala Constitucional, así como representantes del Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo para que opere como órgano que apoye a Carlos Palafox en la implementación de la nueva reforma judicial.
El grupo debe verificar que esta sea acorde a los principios y objetivos contenidos en la Constitución, abonando a la colegialidad, mejorando la interacción entre los órganos judiciales, estableciendo el plazo por el que estará en funciones la comisión.
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“No es un parche”: Sergio Salomón
Cuestionado sobre este tema, la mañana de este martes 2 de mayo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, descartó que esta iniciativa sea un parche a la reforma constitucional de Miguel Barbosa, pues destacó que únicamente llega a delimitar funciones.
“No es un parche (…) lo único que busca es establecer las funciones con mucha claridad para que no haya un tema de interpretación”, explicó.
Más tarde, la diputada Mónica Silva Ruiz también coincidió en que no se está parchando la reforma constiticional de Barbosa, sino que se está fortaleciendo para que cada órgano sea autónomo y no sean reprsentados por una sola persona, en este caso, Palafox.
La propuesta de la Jucopo fue aprobada este 2 de mayo en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.
Por Manuel Cuéllar/ @Manu_Cuellar10
