Buscan que actuales presidentes gobiernen dos meses y medio más ¡Entérate por qué!



En el Congreso de Puebla se busca ampliar dos meses y medio el mandato de los actuales presidentes municipales, para que en lugar de concluir su gestión el 14 de octubre de 2021, lo hagan hasta el 31 de diciembre.

 

La intención es que los futuros gobiernos inicien el 1 de enero de 2022, al mismo tiempo que el ejercicio fiscal, para contar con financiamiento, pues se da por hecho que en octubre las administraciones salientes ya tienen comprometidos los recursos de noviembre y diciembre.

 

Por eso el diputado del PT, Valentín Medel Hernández, pretende reformar la Constitución Política del estado, a fin de trasladar al año nuevo la toma de protesta de los 217 ayuntamientos.

 

“Al tomar protesta en el mes de octubre la administración saliente deja comprometidos los recursos del resto del ejercicio fiscal, (noviembre y diciembre) y los recursos de la ministración de octubre, dejando sin recursos a la administración entrante, lo que le quita operatividad, y liquidez financiera”, argumenta en su iniciativa.

“Máxime que no puede empezar a trabajar con los objetivos del plan de desarrollo municipal, si bien es cierto la personalidad jurídica del municipio no cambia, sí el administrador de la persona moral, teniendo dos responsables para comprobar el ejercicio fiscal”, agrega.


 

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Su propuesta consiste en modificar la fecha en la fracción IV del artículo 102, para quedar de la siguiente manera:

 

“Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión sus integrantes, el día primero de enero del año siguiente en el que se celebre la elección. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley”.

 

Para esto también habría de reformarse el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, de modo que diga:

 

“Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión sus integrantes el día primero de enero del año siguiente de las elecciones ordinarias”.

 

La iniciativa de Medel Hernández sugiere que la disposición se aplique para la siguiente administración, por lo que se extendería dos meses y medio el mandato de los alcaldes actuales, para que en lugar de terminar su periodo el 14 de octubre, lo hagan el 31 de diciembre.

 

“Los ayuntamientos que actualmente se encuentren en funciones continuaran en el ejercicio de su cargo hasta la toma de protesta de ley y de posesión de las autoridades municipales electas”, establece el segundo artículo transitorio de su proyecto de reforma.

 

La propuesta se encuentra en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis antes de su posible aprobación.

 

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PAN pide castigos por fingir delitos

 

El panista Raúl Espinosa Martínez a su vez propuso imponer hasta dos años de prisión, multas de hasta 8 mil 449 pesos y jornadas de trabajo comunitario a quienes mientan al reportar delitos o finjan secuestros o desapariciones.

 

La intención es agregar al Código Penal del estado el artículo 186 Nonies, que diría:

 

“Al que realice actos tendientes a simular por sí o por interpósita persona, que se cometió o se está cometiendo un delito en su contra o de otra persona, o en su caso, que se le privó o se le está privando de su libertad, provocando actuaciones procesales de las y los servidores públicos, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario, así como de doscientas a setecientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad”.

 

Inhibirían denuncias

 

La iniciativa se envió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, pero la presidenta, María del Carmen Cabrera Camacho, puso en duda la aprobación de la propuesta.

 

En entrevista señaló que la advertencia de sancionar a quien finja secuestros o desapariciones inhibiría la denuncia de hechos auténticos que podrían costar vidas.

 

“La gente va a dudar de que su familiar esté desaparecido o secuestrado y va a tener miedo de denunciar, porque pensará que puede ir a prisión, pero si en ese momento hay un delito, podría costar la vida de su familiar, entonces yo creo que legislar eso sería contraproducente”, alertó.

 

Crédito: @e_consulta

 

Por @MTPNoticias


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