¿Tu hijo es adicto al teléfono? Pues ahora desde el Congreso de Puebla proponen que los menores de 12 años no tengan redes sociales, ya sea Facebook, TikTok o cualquier otra plataforma.
La diputada Grace Palomares, de Morena, propuso una reforma para modificar el artículo 12 de la Constitución Política de Puebla, a fin de regular el uso de redes sociales para menores de edad.
La propuesta de la morenista establece a nivel constitucional que la ley asegurará el acceso de las personas a tecnologías de información y comunicación, así como a servicios de internet.
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Este derecho contará con limitantes para las y los menores de edad, quienes tendrán acceso restringido y gradual a redes sociales.
Son tres las normas que se deberán cumplir para que los menores accedan a Facebook, Instagram o cualquier otra red social, de acuerdo a su edad:
—A los menores de 12 años se les restringirá la creación de cuentas y el acceso a funciones de interacción pública en redes sociales, a fin de que accedan a alternativas educativas y entornos digitales para niños.
—De 12 a 14 años, el uso de redes regulado, con permiso y acompañamiento de los padres, además de poner medidas reforzadas de privacidad, seguridad y protección de datos personales.
—De 15 años a menos de 18, las redes sociales irán acompañadas de acciones de prevención, orientación y educación digital para reducir riesgos y afectaciones al desarrollo integral, salud, dignidad o seguridad.
En caso de que la propuesta se apruebe, el Legislativo tendrá 180 días naturales para crear una ley reglamentaria para cumplir las nuevas normas.
Menores son víctimas de ciberacoso en redes sociales en Puebla
Para sustentar su iniciativa, Palomares afirmó que en México los menores de edad son víctimas de delitos como ciberacoso, derivado del acceso a redes sociales sin supervisión.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 el 23 por ciento de los varones de 12 a 19 años que tuvieron acceso a internet fueron víctimas de ciberacosos, mientras que en mujeres fue el 30 por ciento.
Las acciones que sufrieron incluyen amenazas de difundir información privada (como domicilio o documentos personales), recibir contenido sexual sin consentimiento, así como amenazas de publicar audios o videos para extorsionar.
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Otros fueron delitos más graves, como amenazas de publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual íntimo.
Aunque no dio cifras, la legisladora también indicó que hay adolescentes que son víctimas de ‘grooming’ (engaño y acercamiento de un pederasta), así como manipulación de imágenes para crear contenido sexual.
