En Puebla, hay “riesgo medio” de que el crimen organizado intervenga en la elección del 2 de junio de este 2024, según una medición de Integralia Consultores.
En su ‘Primer reporte de violencia política 2024′, da cuenta que el estado no está en semáforo rojo, pero sí para poner atención por la intervención de grupos criminales ya sea con dinero o con designación de candidatos.
El análisis destaca que toma cinco parámetros para ubicar a las entidades en los niveles de riesgo: intervención del crimen organizado mediante asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios públicos y aspirantes; con dinero en las campañas; con imposición de candidaturas.
También participan criminales en la movilización o inhibición del voto en el día decisivo así como en la alteración de la votación en casillas.
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La agrupación que realizó este estudio alerta que en esta elección, a nivel nacional, el crimen organizado intervendrá como nunca antes por tres motivos: una gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado; la proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y la mayor cantidad en la historia de presidencias municipales en disputa.
Elecciones 2024 en Puebla, ¿por qué Puebla está en riesgo medio en intervención del crimen organizado?
Según Integralia, de los cinco puntos que toma en cuenta para detectar intervención del crimen organizado en los estados, Puebla cumple con tres.
Sin embargo, no especifica cuáles, si en destinar dinero público, en imponer candidatos, o en la operación de las campañas.
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En la elección del 2018 en la entidad, Morena acusó en ese entonces al PAN de haber ocupado grupos armados para causar caos en las urnas donde presuntamente iba perdiendo la entonces candidata, Martha Erika Alonso. Incluso hubo balazos en algunas casillas y hasta una unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue volcada cuando llevaba boletas.
En el nivel en el que está Puebla solo se ubican Quintana Roo y Ciudad de México.
En tanto, destacaron seis estados con un riesgo muy alto de operaciones del crimen organizado: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.
En Jalisco por ejemplo, se ubica que el CUNG tiene el control del 80 por ciento de los municipios y administra toda clase de operaciones económicas a través de jefes de plaza, mientras que en las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, hay disputa con el cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y el cártel de Santa Rosa de Lima.
Es a través de los municipios, destaca el estudio, en donde los carteles entran para asumir el control y por eso también están en la primera línea en ser atacados los candidatos que entran en disputa por los cargos.
Por ejemplo, tan solo en este proceso electoral, desde septiembre de 2023 que inició hasta febrero de este 2024, han asesinado a al menos ocho aspirantes de todos los partidos políticos.
De acuerdo con Data Cívica, las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235.7 por ciento de 2018 a 2023.
En lo que va de 2024, Integralia contabiliza 32 víctimas, 7 aspirantes asesinados, sumando 8 desde el comienzo del proceso electoral.
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Otras nueve entidades están con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
En tanto, las entidades que están en riesgo “muy bajo”, son: Yucatán, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Durango, Coahuila y Baja California Sur.
