La toma de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el 29 de junio de 2021 –que duró ocho meses– por policías del estado, se dio para “extorsionar” a la familia Jenkins con 720 millones de dólares por parte del gobierno de Miguel Barbosa, aconsejado por sus asesores financieros, Roberto Gil Zuarth y Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
En entrevista con MTPNoticias, el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Hidalgo consideró que el caso debe ser investigado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Puebla, independientemente de las indagaciones que existan por el supuesto lavado de dinero por integrantes de esta familia, a quienes se les acusa de haber saqueado 720 millones de dólares de la entidad de la Fundación Mary Street Jenkins, dinero que era destinado para obras de beneficencia social en favor de los poblanos.
“El tema de los Jenkins no era un tema menor. Era un tema que involucraba a muchísimas personas. Estaban extorsionando a la familia para que les entregaran 720 millones de dólares”, dijo Nieto, quien desde la UIF investigó diversos casos de operaciones sospechosas de dinero desde Puebla.
— ¿Quiénes?, ¿gobierno, Gil Zuarth y ellos?
— Todo ese equipo. Y, por otro lado, requerían (Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca y Miguel Brabosa) el pago de una tercera parte que eran como 200 y tantos millones de dólares (…) pero al final del día, ese es un tema relevante.
— Ósea, ¿todo este tema de la toma de la UDLAP era para extorsionar, como usted dice, con ese monto a los Jenkins?
— Si a mí me tocara hacer el análisis del caso. Esa sería una de mis líneas de investigación. Evidentemente yo no soy el fiscal de Puebla, no soy el fiscal de la República (…) lo que sí yo te diría, tú me puedes criticar a mí todo lo que quieras, pero de lo que haga otra fiscalía yo no puedo responder (…)
Y hay algo que yo reflexiono: yo no sé si con este modelo de fiscalías autónomas, si realmente es la mejor solución cuando necesitamos una relación política de estado en donde exista la seguridad, la prevención del delito, la procuración de justicia, la impartición de justicia y eso no se puede hacer desde una fiscalía aislada, o bajo ese argumento de la “autonomía” (…)
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— Desde la UIF, ¿no detectaron lavado de dinero con los Jenkins?, porque se habló mucho de este dinero a Panamá y todo lo que se hizo con la fundación.
— A ver, yo tenía toda la investigación desarrollada, pero coincidió con la fecha que yo regresé de la boda (en noviembre de 2021) y termino entregando la oficina (tras escándalo de la boda), y a partir de ahí, lo que venga, pues tendrá que atenderlo Pablo Gómez.
Tenemos una investigación avanzada sí. Si salía en el modelo de riesgo, sí salía en el modelo de riesgo (…)
¿Qué es el modelo de riesgo?, en el periodo que yo estuve, recibimos 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes, movimientos inusuales y 9.4 millones de avisos en el sistema no financiero, que son notarios, corredores. Ese cúmulo de información, es imposible humanamente de manejar.
Entonces, lo que se hace es que se genera un sistema de inteligencia artificial nuevamente (…) que permite depurar y ponerles una calificación a las conductas. Si la transferencia viene de Libia, pues tiene una calificación diferente que la que viene de la Miguel Hidalgo (CDMX) por ejemplo (…) se va otorgando en 246 variables la calificación de un sujeto del o al 10, ¿y qué hace la UIF?, con este modelo matemático, escoge sus casos, ¿y cuáles son los casos?, los que están arriba en el modelo de riesgo.
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Toma de la UDLAP: ¿cómo pasaron las cosas y por qué?
Fue el 29 de junio de 2021 cuando policías estatales ingresaron a la UDLAP, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, para asegurarla, luego de que el 4 de junio de ese año se libraron órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Jenkins y sus abogados por su probable responsabilidad de un fraude por más de 14 mil millones de pesos.
Esta intervención fue posible jurídicamente debido a que días antes, en una sesión el 24 de mayo de ese año, integrantes de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, que rige el gobierno estatal, destituyeron del patronato a los Jenkins por estar prófugos de la justica y nombraron a nuevos patronos encabezados por Horacio Magaña que fue quien pidió “recuperar” la UDLAP, como parte de los bienes que le quedaban a la Fundación Mary Street Jenkins.
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En su momento, se acusó que una de las posibles operaciones fraudulentas de la familia Jenkins es que crearon una fundación exclusivamente para administrar parte de los bienes que obtuvieron ilícitamente de la fundación –entre ellas la UDLAP– a la que denominaron Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales y de la cual eran socios Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Luis Ernesto Derbez –entonces rector de la universidad–.
Debido a que las investigaciones involucraban al rector, lo relevaron del cargo en agosto de 2021, y mientras los Jenkins nombraron como rectora interina a Cecilia Anaya, el nuevo patronato designó al exdiputado federal Armando Ríos Piter.
Después de ocho meses, y tras ganar varios amparos, la UDLAP regresó a clases presenciales, con 20 por ciento menos en su matrícula en febrero de 2022, y mientras Ríos Piter renunció a los pocos meses, Derbez siguió autoexiliado hasta este primero de agosto de 2023 que retornó como rector.