Araceli Vázquez fue asesinada a puñaladas presuntamente por su expareja Javier Mauricio, en noviembre de 2013. Desde entonces, su familia matiene una incansable lucha para exigir justicia y evitar que el caso quede impune.
En 2024, y tras 11 años de haberse cometido el crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de Javier, a quien posteriormente declararon culpable del delito de feminicidio y lo sentenciaron a 35 años de prisión.
Sin embargo, un Tribunal de Apelación reclasificó el delito a homicidio y redujo la condena a 27 años y seis meses. Ante este panorama, la familia de Araceli interpuso un amparo directo, para impugnar esta resolución.
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Como resultado, el Tribunal Colegiado decidió devolver el caso a la primera instancia y ordenar de nueva cuenta la practica de pruebas que pudieran acreditar el crimen como feminicidio.
Bajo el argumento de que los magistrados no revisaron el caso con perspectiva de género, Amada Barranco, madre de Araceli, llevó el caso ante la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lo desechó por no encontrar pruebas suficientes que probaran estos señalamientos.
Hasta este momento, el caso de Araceli aún no lo resuelven y su familia teme que el asesinato de su amada ‘Cheli’ quede impune.
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13 años después y feminicidio de Araceli Vázquez sigue impune: IBERO Puebla acusa revictimización
La Clínica Jurídica Minera Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO), la cual ha acompañado a la familia durante una parte del caso, acusan que ha existido revictimización en el proceso.
De acuerdo con Alejandro Hernández, coordinador de la clínica, menciona que el ordenar que se realicen nuevamente las pruebas, empuja a los familiares enfrentar proceso desgastante y revictimizante.
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A raíz de este hecho, Hernández se pronunció sobre la reforma constitucional para emitir una la Ley General de Feminicidio, la cual, mencionó que puede ser una oportunidad para hacerle frente al actual sistema de justicia.
No obstante, advirtió que esta deberá tener en cuenta el actual marco jurídico internacional que existe sobre el feminicidio, así como el contexto actual de las mujeres que son víctimas de violencia, de lo contrario, las familias que han sufrido este delito no resultarán beneficiadas.
