Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, acordó con los transportistas que encabezaron el reciente megabloqueo de carreteras establecer reuniones periódicas y reforzar los operativos federales, con el propósito de atender sus denuncias sobre los altos niveles de en distintos tramos carreteros del país.
Las movilizaciones realizadas por conductores de carga y agricultores en carreteras federales y aduanas obligaron a un encuentro urgente entre autoridades y representantes del transporte.
En esa reunión, Harfuch reiteró que el gobierno federal asumió como prioridad mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulan diariamente por estas rutas nacionales.
A través de sus redes sociales, el funcionario informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo una mesa de diálogo con cámaras del autotransporte.
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Refuerzo de operativos y nueva coordinación federal
En ella reafirmó que se fortalecerá la vigilancia carretera y se ampliará la coordinación institucional para brindar protección efectiva al sector en los puntos con mayores riesgos delictivos.
Durante el encuentro, García Harfuch destacó que el objetivo central es asegurar una respuesta inmediata y constante frente a las agresiones que afectan a transportistas, productores y viajeros en diversas regiones del país.
El titular de la SSPC abundó que trabajarán estrechamente con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación para revisar los mecanismos existentes, corregir deficiencias operativas y ampliar la cobertura donde los robos, asaltos o actos de extorsión se han incrementado durante los últimos meses.
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Además, afirmó que se revisarán protocolos institucionales para acelerar la atención a emergencias.
Como parte de estos acuerdos, se dará seguimiento puntual a las carpetas de investigación abiertas en fiscalías estatales y federales, con la intención de evitar que los delitos queden impunes y garantizar sanciones para los responsables.
El funcionario insistió en que la seguridad carretera será un eje central durante los primeros meses de la nueva administración federal.
García Harfuch anunció también que integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, de modo que las denuncias presentadas por transportistas reciban respuesta inmediata.
Esta medida busca desalentar la operación de grupos criminales que imponen cobros ilegales en distintos tramos carreteros del territorio nacional.
El funcionario detalló que se mantendrán reuniones permanentes con representantes de cámaras de transporte para evaluar avances y verificar resultados.
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De acuerdo con él, estas mesas permitirán ajustar decisiones, corregir operativos y asegurar que los compromisos adquiridos se cumplan en plazos razonables establecidos desde la negociación inicial.
El megabloqueo del 24 de noviembre de 2025, organizado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, presionó al gobierno federal para responder de manera integral a las exigencias de seguridad. Las organizaciones demandaron medidas urgentes frente a los ataques constantes en carreteras federales.
Harfuch promete más seguridad a transportistas: estrategia ‘Cero robos’, ¿funcionó?
En julio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia ‘Cero Robos, diseñada para disminuir los asaltos a transportistas mediante despliegues específicos de la Guardia Nacional.
Esta política contempla vigilancia permanente, revisión de tramos vulnerables y presencia disuasiva en corredores donde se detectaron incrementos en la incidencia delictiva reciente.
En el caso de la autopista México–Puebla, se asignaron 302 elementos de este cuerpo de seguridad para patrullar de manera intensiva, replicando el modelo en rutas como México–Querétaro y Culiacán–Mazatlán. Las autoridades afirmaron que estos despliegues permitirán reducir riesgos durante los tramos de mayor circulación diaria.
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Según lo anunciado, la estrategia incluye también la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que deberá coordinarse con autoridades estatales para cerrar accesos irregulares. En Puebla, esta operación corresponde a la dependencia encabezada por Francisco Sánchez González, quien confirmó que se habilitarán puntos de control adicionales.
A la par, cámaras empresariales y organizaciones del autotransporte presionan para acelerar estas acciones, pues consideran que rutas como la México–Puebla representan uno de los corredores más conflictivos del país. Algunas de estas agrupaciones impulsaron la instalación de “dormitorios seguros” para proteger a los operadores.
La Coparmex Puebla confirmó la colocación de estos espacios en tramos de Amozoc, La Esperanza y otros puntos que definiarán próximamente. Con ello, buscan evitar que los operadores duerman en la vía pública y queden expuestos a robos o agresiones nocturnas durante sus trayectos.
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Aunque existen avances visibles y mayor coordinación institucional, los transportistas advierten que los hechos delictivos persisten y representan riesgos constantes.
Este megabloqueo fue el segundo en un lapso de seis meses, reflejando el nivel de inconformidad y la presión social para que se apliquen soluciones definitivas.
