Convocados por el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), los dirigentes estatales de todos los partidos políticos en Puebla firmaron el Pacto por Unas Elecciones Libres de Violencia; sin embargo, entre sus filas existe una larga lista de políticos señalados por ejercer violencia contra las mujeres.
De cara a las elecciones del 6 de junio, el consejero presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, exhortó a los contendientes a coadyuvar a generar una competencia pacífica y contribuir a erradicar las prácticas violentas, principalmente contra las féminas.
La autoridad electoral, señaló García Onofre, se encargará de garantizar a las mujeres un efectivo ejercicio de sus derechos político electorales durante el proceso electoral ordinario, por lo que no se permitirá que se postulen a candidatos que violenten a las mujeres.
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De acuerdo con cifras de la consejera electoral Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, quien además es titular de la Comisión Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género del IEE, más de 11 mil mujeres participarán como candidatas a un cargo de elección popular en Puebla.
Durante el acto, el cual fue realizado de manera virtual, los dirigentes de los partidos políticos manifestaron su compromiso por adoptar el pacto y establecer políticas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres al interior de sus institutos políticos.
Sin embargo, en la realidad ocurre lo contrario, pues tan solo en lo que va del año se han presentado 15 quejas por violencia política de género contra las mujeres, las cuales se encuentran en proceso de tramitación en el IEE.
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Partidos con agresores en sus filas
Pese a este pacto, los institutos políticos estatales postularon candidatos en este y en anteriores procesos electorales, señalados por ejercer violencia contra las mujeres.
El caso más escandaloso es del partido Pacto Social por la Integración (PSI), que dirige Carlos Navarro Corro, presente en la firma del Pacto, cuyo instituto político postuló a Inés Saturnino López Ponce, como candidato a edil de Tecamachalco y contra quien pesan denuncias por misoginia.
Precisamente en su gestión como alcalde, Inés Saturnino fue señalado por las exregidoras Ruth Rodríguez Huerta y Ruth Zárate Domínguez por ejercer violencia política en su contra.
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José Elías Medel, aspirante a una candidatura a diputado local por Movimiento Ciudadano, fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de violación equiparada, corrupción de menores y trata de personas. En el mismo instituto político pesan acusaciones contra el empresario Manlio López.
El priista Jonathan Collantes, exaspirante a una diputación, fue denunciado por la mamá de su expareja lo denunció por el “secuestro” de su nieta.
Sobre Raymundo Cautli, exaspirante del PAN a la presidencia de San Andrés Cholula, pesa una denuncia de la secretaria del Comité Municipal del PRI, Lizet Gallegos, contra quien ejerció violencia física.
Los casos más reiterativos han sido los de Héctor Alonso Granados y Emilio Maurer, este último candidato a la reelección como diputado local por Morena, quienes fueron señalados por diputadas del Congreso del Estado por violencia política de género.