Hasta con nueve años de prisión, el gobierno del estado pretende sancionar a los servidores públicos que durante una pandemia discriminen, inciten a la violencia o nieguen algún tipo de servicio al personal médico mientras dure la contingencia sanitaria.
La reforma presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, fue remitida por la Comisión Permanente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
La iniciativa tiene su origen después de que se han reportado agresiones en contra del personal de la salud por portar su uniforme o por parte de propios vecinos ante el temor a que sus familias se contagien por Covid-19.
Ante esta situación, el gobernador propicios adicionar un párrafo al artículo 357 del Código Penal donde se incremente esta sanción.
“Cuando la conducta sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión incrementara? de tres a seis años”, cita el artículo.
Sin embargo, si esta conducta es cometida por algún servidor público la pena se incrementará hasta a nueve años de prisión, así como la inhabilitación para ocupar un cargo dentro de la Función Pública.
“Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentara? en una mitad la pena prevista en este numeral, además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”.
