En la Universidad de las Américas (UDLAP) son sus socios e incondicionales que están bajo investigación e imputación penal, quienes boicotean constantemente el funcionamiento normal de la Universidad en perjuicio de la comunidad académica y estudiantil, comentó Rodrigo Gurza Cárdenas, apoderado Legal de la Fundación de las Américas Puebla.
En un comunicado respondió a la información distorsionada este fin de semana en algunos medios de comunicación, tras una protesta de jóvenes que piden el retiro de personal de seguridad privada de las instalaciones ubicadas en San Andrés Cholula.
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El nuevo patronato respondió que la crisis institucional en las fundaciones Mary Street Jenkins y UDLAP inició a partir de que se libraran, en el ámbito federal, órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de los respectivos Patronatos, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
“La imposibilidad física y jurídica de ejercer sus atribuciones provocó que la Junta de Asistencia Privada del Estado de Puebla (Junta) procediera a su sustitución inmediata. Estas determinaciones no han sido revertidas por ninguna autoridad competente. La Junta, como es su deber legal, ha coadyuvado activamente en la causa penal federal, con el único propósito de procurar la voluntad fundacional de estas instituciones de asistencia privada”, señaló.
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Asimismo, precisó que el nuevo Patronato realizó diversas auditorías a dichas fundaciones y encontró irregularidades graves. Por lo que se interpusieron, en consecuencia, las acciones civiles, administrativas y penales pertinentes para garantizar la integridad del patrimonio de las fundaciones.
En el marco de estas actuaciones, un juez civil ordenó que la UDLAP quedara bajo la posesión, custodia y administración del nuevo Patronato.
Una vez más, el nuevo patronato precisó que la Universidad no fue tomada de manera violenta y que la fuerza pública actuó en colaboración de una autoridad judicial para notificar y velar por el cumplimiento de una orden legalmente emitida, especialmente para prevenir que continuara el robo de archivos, sistemas y equipos cometido por el personal administrativo de la UDLAP.
“Para garantizar la seguridad de las instalaciones, el Patronato determinó sustituir a la empresa privada que prestaba el servicio, debido a que carecía de las autorizaciones mínimas y necesarias bajo la normativa aplicable. En ningún momento se ha limitado el acceso a profesores, estudiantes o trabajadores. La empresa privada no cuenta con elementos armados”.
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Asimismo, dio a conocer que siguen en curso las auditorías practicadas, pues el Patronato constató que la Rectoría de la UDLAP había incurrido en diversas conductas presuntamente ilegales, tales como el uso de empresas “fachada” para extraer recursos de la Universidad en beneficio propio.
“La decisión de sustituir la Rectoría de la UDLAP se adoptó para evitar que se consume la comisión de delitos en perjuicio del patrimonio de las instituciones de asistencia privada, así como para garantizar la continuidad de su misión social. Este Patronato y el Rector designado, en ningún momento han entorpecido las actividades de la Universidad. La Rectoría depuesta, sus socios e incondicionales -bajo investigación e imputación penal-, se han negado a cumplir con determinaciones judiciales y administrativas válidas, y boicotean constantemente el funcionamiento normal de la Universidad en perjuicio de la comunidad académica y estudiantil”, indicó el nuevo patronato.
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Asimismo hizo un llamado a la comunidad universitaria a privilegiar el diálogo, el entendimiento y una salida concertada a la situación prevaleciente, siempre con base en la ley, en la voluntad irrevocable de los fundadores y en el interés superior de la comunidad estudiantil.
Por Alfredo Ramírez
