El plan de Eduardo Rivera Pérez de concesionar por 10 años la publicidad en mil 388 espacios de parabuses, puentes y zona de pendones en la ciudad de Puebla, además de permitir a la empresa ganadora, 100 nuevos sitios, ha desatado polémica, debido a que pretende concretarlo, brincándose las leyes, lo que le ha ocasionado una primera confrontación con el gobernador Miguel Barbosa.
A la par que avanza el proceso de licitación, cuya resolución se emite el 13 de abril próximo, también crecen los cuestionamientos por la forma en la que quiere concretarlo el edil panista, a costa de las reformas en materia de contaminación visual que aprobó el Congreso local en 2020, además de no tomar en cuenta a los legisladores cuando el plazo de concesión rebasa el tiempo que dura su trienio.
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En MTP Noticias te explicamos todo lo que debes saber sobre este tema:
¿En qué consiste la concesión?
De acuerdo con las bases de la licitación, se entregará a particulares un total de 488 zonas de espera, comúnmente llamados paraderos, 800 pendones y portapendones en 26 vialidades de la capital, además de 100 nuevos espacios de paradas de autobús que el concesionario podrá instalar.
En este mobiliario, que forma parte del equipamiento urbano del municipio, podrán colocarse campañas publicitarias de las cuales la empresa tendrá las ganancias, y el ayuntamiento recibirá una contraprestación de 2.2 millones de pesos.
El título de concesión implicará el mantenimiento del mobiliario urbano, así como la instalación de 150 puntos de wifi sin costo para la ciudadanía y 150 cámaras de videovigilancia que estarán vinculadas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio.
Concesión viola la reforma en materia de contaminación visual
De acuerdo con una revisión que realizó MTP Noticias, la instalación de los 100 nuevos parabuses y aumento en el número de portapendones, viola las reformas en materia de contaminación visual que aprobó el Congreso del Estado en 2020.
Esto es así porque la autorización de las nuevas estructuras publicitarias que se incluyen en la concesión no se ajustan a lo que establece el artículo 143 Quinquies de la Ley para la Protección del Medio Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.
Dicho artículo señala que la instalación de estas estructuras no podrá tener vigencia mayor a un año, contrario al periodo que establece el título de concesión que es de diez años.
“Las licencias, permisos o autorizaciones para la instalación de estructuras que sustenten anuncios o publicidad, y sus respectivos refrendos, no podrán tener vigencia mayor a un año”, señala el artículo que fue adicionado con la reforma que, de origen, fue planteada por el gobernador a los diputados.
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Concesión confronta a Eduardo Rivera con el gobernador Barbosa
Ante la intensión de Rivera Pérez de concesionar a diez años el manejo de la publicidad en dichos espacios, con la justificación de que no requiere de la aprobación del Congreso local debido a que se trata de un trámite administrativo, el gobernador Miguel Barbosa le recordó este 29 de marzo que un código fiscal del municipio nunca estará por encima de la constitución, ni sobre la Ley Orgánica.
“Que no me quieran ver a mi la cara. Nunca un código fiscal del municipio está sobre la Constitución, ni sobre la Ley Orgánica, nunca, y hay que desarrollar la teoría del acto jurídico y del contrato (…) si quieren se las desarrollo para ver cuál es la naturaleza de un contrato, y resulta que si algo se excede de las atribuciones de un ayuntamiento hay controversias constitucionales para que se revise en todo caso si es la ley como dicen o si es la política, y hay Congreso del Estado”, dijo.
El mandatario consideró que este tipo de concesiones buscan “controles políticos de la concesión, del aprovechamiento de bienes del dominio público” por lo que le recomendó a Rivera Pérez, buscar consensos entre los diputados para la discusión del tema, en lugar de buscar una salida alterna como el comité técnico que se conformó, presuntamente para “vigilar” que la entrega de la concesión se dé de manera transparente.
El consejero jurídico del estado, Carlos Palafox Galeana también aseguró que la concesión que planea el gobierno de Rivera Pérez requiere la autorización del Congreso del estado, por exceder la duración de la administración municipal.
Esta reacción se dio, luego de que el alcalde considerara que no necesita pedirle autorización a los diputados locales toda vez que según el artículo 57 fracción VII de la Constitución Mexicana, el Congreso únicamente puede aprobar la enajenación de bienes y contratos con una duración mayor al periodo de un Ayuntamiento, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que una concesión no es un simple contrato.
“Como se observa, no existe la facultad del Congreso de aprobar actos, convenios y mucho
menos concesiones administrativas, únicamente contratos con una duración mayor al periodo
del Ayuntamiento. La concesión no es un simple contrato, lo dice la Corte. En el marco normativo
del municipio de Puebla, específicamente en el artículo 82 del Código Fiscal para el municipio
de Puebla, se establece que la concesión constituye un acto administrativo de carácter discrecional”, argumentó el panista previo a que el gobernador fuera cuestionado sobre el tema.
En 20 años, una sola empresa ha tenido la concesión
Durante 20 años una sola empresa ha tenido la concesión del mobiliario urbano, la cual ha cambiado de nombre hasta en tres ocasiones, obteniendo las ganancias por la publicidad que se coloca la estructura que es propiedad del ayuntamiento.
En diciembre de 2001, en la recta final del trienio del expresidente municipal Mario Marín Torres, el municipio entregó la concesión de estos espacios a la empresa Mobiliario Urbano S.A. de C.V., por un periodo de 10 años a partir del 7 de diciembre de 2001.
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Posteriormente esta empresa cambió de nombre a Clear Channel Outdoor México S.A de C.V. y finalmente a Outdoor México Servicios Publicitarios S. de R.L. de C.V.
Posteriormente, la también priista Blanca Alcalá Ruiz, prorrogó el contrato por otros diez años a partir del 27 de abril de 2010, mismo que que el 7 de diciembre de 2021 concluyó su vigencia, por lo que la actual administración panista busca una nueva concesión.
Por Ciro Calderón / @calderonciro