El secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que resuelva medio centenar de denuncias que el ayuntamiento de Puebla interpuso por asociación delictuosa, lesiones, resistencia de particulares y robo, en contra de líderes o ‘coyotes’ que administran el comercio en la vía pública.
En conferencia de prensa virtual en donde el funcionario dio a conocer las acciones de ordenamiento comercial en la vía pública, reveló que de las más de 50 denuncias 20 son contra líderes de Antorcha Campesina.
Aseguró que esa agrupación se ha lanzado contra el ayuntamiento al hacerle varios señalamientos, cuando son ellos los que se dedican a delinquir y abusar de sus propios agremiados.
Explicó que en Puebla hay mil 400 comerciantes en la vía pública que pagan su permiso de manera mensual y son capacitados por la Secretaria de Salud en el manejo de alimentos. Sin embargo durante la pandemia del Covid-19 menos de 300 se instalaron y 800 están recuperándose.
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Comentó que han detectado que existen tres agrupaciones de comerciantes de la vía pública subdivididas en 23 coyotes o líderes que las administran.
El funcionario pidió dejar de discriminar a este tipo de personas, al señalarlos como ‘informales’, ya que muchos pagan por sus permisos para laborar en la calle.
Aclaró que el llamado a dejar de ser clasistas no es una carta abierta para que los ‘coyotes’ puedan seguir extorsionando y cometiendo ilícitos, si no que se trata de dejar de marginar a la gente que por necesidad se ha visto obligada a salir a las calles a trabajar.
En cuanto a los señalamientos contra los inspectores por abuso de autoridad, aseguró que han dado de baja a 33 elementos. Y cuando ven una queja en las redes sociales actúan.
Sin embargo pidió a la gente, ser directa en sus señalamientos para acabar con las malas prácticas, pues al generalizar ellos no pueden saber quién está haciendo mal su trabajo. Se comprometió en resolver en un plazo máximo de 48 horas cada queja.
Reconoció que ha sido un trabajo duro del personal que interviene en el ordenamiento comercial en la vía pública, en donde el personal ha soportado la violación de sus derechos humanos para no acabar como en anteriores gestiones, cuando habían hasta balazos.
