Al menos ocho morenovallistas y galicistas van a ser denunciados por el ’monstruoso fraude’ orquestado a través de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), entre ellos pueden incluirse al ex gobernador Antonio Gali Fayad y al exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla.
A ellos se suman Bernardo Huerta Couttolenc, José Cabalán Macari, Roberto Moya Clemente, Martha Vélez Xaxalpa, Francisco Xabier Albizuri Morett y Enrique Robledo Rubio, implicados en la firma de contratos a favor de Conduent Solutions para permitir el saqueo de la concesionaria por más de 480 millones de pesos anuales por la operación de las líneas 1, 2 y 3 del sistema RUTA.
Este 12 de noviembre en conferencia de prensa, Fernando Pérez Cantillo, asesor Jurídico del gobierno estatal, informó que finales de este mes será presentada la primera denuncia penal contra la empresa y los ex servidores públicos implicados en el fraude, pues no reportaba 40 millones de pesos de ingresos mensuales al gobierno estatal.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta expresó que es necesaria la denuncia contra los “rateros”, en referencia a los exservidores públicos implicados en el fraude a través del esquema de cobro en las tres líneas de RUTA,
Pérez Castillo informó este jueves que se han revocado las concesiones de Conduent Solutions, además de presentar denuncias penales correspondientes por las irregularidades que se presentaron en su administración por el abandono del sistema de recaudo que ocasionó un ‘caos’ económico.
El fraude de RUTA
El sistema de RUTA se ha visto plegado de diversas irregularidades, cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó malos manejos en la construcción de las líneas 1, 2 y 3 por más de dos mil 312 millones de pesos. A esto se le agrega la simulación que hubo en el gobierno morenovallista entre la empresa Xerox Solutions y la concesionaria Conduent Solutions, lo cual fue evidenciado por MTPNoticias, al apoderarse del control del cobro de las tres líneas y del Tren Turístico cambiándose solo el nombre de la razón social, y así no dejar de recibir los 17 millones que recibía de los gobiernos panistas.
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Todos estos actos se realizaron bajo el cobijo del exgobernador Rafael Moreno Valle y su comitiva encabezada por el ex secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto; Bernardo Huerta Couttolenc, secretario de Transporte; José Cabalán Macari, secretario de Administración; Roberto Moya Clemente, secretario de Finanzas y Antonio Gali Fayad, quien fungía en ese entonces como secretario de Infraestructura, teniendo conocimiento de cada uno de los contratos con la firma Conduent para las líneas 1 y 2 de RUTA.
Mientras que en la construcción de la línea 3 y su manejo estuvieron involucrados, Martha Vélez Xaxalpa titular de la Secretaría de Movilidad, Infraestructura, Movilidad y Transportes; Francisco Xabier Albizuri Morett, Subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones; y Enrique Robledo Rubio, secretario de Finanzas y Administración.
Sin embargo, el mayor fraude se confabuló una vez que la empresa, asociada a José Luis Vega Esperón, José Antonio Vega Cajica y Carlos Federico Vega Cajica, se hizo del control total de las máquinas cobradoras, al no reportar las ganancias totales al gobierno del estado y así hacer suponer qué RUTA operaba con déficit.
“Con este nuevo sistema de recaudo, al final de la administración que encabeza Miguel Barbosa Huerta el estado habrá ahorrado más de 185 millones de pesos solo por la salida de Conduent Solutions, además se prevé un incremento en los ingresos de alrededor de 480 millones de pesos anuales, pues se tienen referencias que dejaba de ingresar cantidades significativas de manera mensual (…) En este mes que hemos tenido el control de ingresos, tomando en cuenta que es pandemia 40 millones de pesos, no reportaba casi 500 millones de pesos anuales”, comentó este jueves en rueda de prensa Rodolfo Chávez Escudero, Director de Carreteras de Cuota de Puebla, exhibiendo la red fraudulenta de Conduent.
A esto se le suma las denuncias que enfrentará la empresa por abandonar sus funciones, lo que causó un caos económico y social según las palabras del asesor jurídico, Fernando Pérez Cantillo.
“Se está preparando por lo menos una acción penal derivada a que la concesión otorgada estaba basada en un modelo basada en un 100 por ciento y ellos en el mejor de los casos solo invirtió el 55 por ciento, pero ha estado cobrando como si tuviera el 100 por ciento de esa inversión erogada, lo cual resulta en una figura que se reconoce como pagos indebidos, lo cual genera acción penal para los funcionarios que lo suscribieron, los que lo ejercieron y lo continuaron por el uso indebido de sus funciones, por estar otorgando un pago sin revisar las cuentas”, comentó el litigante.
Por lo que los citados ocho exfuncionarios morenovallistas y galicistas están a punto de enfrentar cargos por el delito de abuso de autoridad tipificado en el Código Penal para el estado en su artículo 419 que establece que se cometerá dicho delito cuando:
“En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas designe a una persona para un empleo, cargo o comisión en el servicio público, a sabiendas de que aquélla no prestará el servicio para el que se le nombró”, por el que podrían purgar una pena de hasta seis años de prisión.
Por Carlos Cózatl @cr_cozatl
