Un desfalco por 96 millones 428 mil pesos detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), durante el ejercicio fiscal 2019.
“El Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, así resume la ASF el uso de los recursos del FASP por parte del Consejo, pues este es el organismo encargado de la ejecución de dichos recursos.
Aunque en un principio Pacheco Pulido designó a Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama en el organismo, no duró ni un mes en el puesto y designó en sustitución a Daniel Vázquez Sentíes, quien ya había desempeñado el cargo durante el mandato de Antonio Gali Fayad.
El informe señaló que además de irresponsabilidades administrativas, se detectó un desfalco por más de 96 millones 428 mil pesos en la compra de equipo médico y de laboratorio.
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Además de material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, aplicación de evaluaciones de confianza a los elementos de seguridad pública, pues aunque se reportaron los gastos, no se presentó la documentación que los justificara.
A esto se le suman irregularidades en inversiones por parte del Consejo en la Implementación de y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; y el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Pero estos gastos nunca se concretaron, pues incluso se evidenció que los centros penitenciarios durante el 2019 trabajaban con un sobrecupo del 100 por ciento.
Además dejó de lado los programas prioritarios a nivel nacional del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos y la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.
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CAPCEE sin justificar gastos
El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se encarga del financiamiento de obras, acciones sociales básicas y de inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con un muy algo nivel de rezago social.
De acuerdo a la ASF el gobierno de Puebla incumplió la normativa al destinar recursos de este tipo ara otros rubros, entre los que destacan obras ejecutadas por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) cuyos titulares se encentran siendo investigados por el desvió de recursos a través de empresas fantasma y factureras. La ASF señaló que entre las irregularidades detectadas también se encuentran transferencias injustificadas.
Otro programa relacionado con la educación fue Escuelas de Tiempo Completo donde se presume un daño por 156.6 mil pesos por la conformación de Orquestas y coros Infantiles.