Estudiantes y académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) bloquearon, la tarde de este viernes, ambos sentidos de la Recta a Cholula, a la altura del puente del campus, acusando que el juez segundo de lo civil rechazó el exhorto para devolver el campus que le hicieron el pasado miércoles y lo regresó a un juez en la Ciudad de México.
Los quejosos desquiciaron la circulación y exigieron que se permita la reapertura del plantel, pues llevan cinco meses sin poder ingresar, debido al conflicto interno legal que existe.
“En seguimiento al proceso legal del exhorto entregado el miércoles al abogado, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, Juez Segundo de lo Civil, las autoridades correspondientes permanecen reticentes en su cumplimiento sin razón jurídica válida, evitando con esto la restitución del campus pese a que la ley nos ha dado la razón de manera reiterada”, informó la oficina de Rectoría.
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La universidad enfrenta un conflicto legal pues los miembros de la familia Jenkins están señalados de haber saqueado 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, quienes incluso se encuentran prófugos de la justicia.
#CaosVial ?| ¡Evite la Recta a #Cholula! Está cerrada por un grupo de inconformes de la comunidad @udlap, quienes piden la reapertura del campus. ? pic.twitter.com/M51DgTiG2p
— MTP Noticias (@MTPNoticias) December 17, 2021
La semana pasada el gobierno del estado de Puebla aclaró que los miembros del patronado y la rectora interina Cecilia Anaya Berríos, son los responsables de que no haya regreso a clases presenciales en la UDLAP.
Y descartó que la universidad esté “tomada” por el estado como acusan estudiantes y miembros de la comunidad UDLAP.
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A finales de junio de este 2021 comenzó el conflicto interno en la UDLAP, derivado de los problemas legales de la familia Jenkins acusada de lavado de dinero y malversación de fondos multimillonarios.
Hace cinco meses policías estatales ingresaron a la universidad en cumplimiento de una orden de un juez federal para el establecimiento de un nuevo patronato. Sin embargo, la familia Jenkins emprendió una batalla legal, que la ha mantenido con el control total de la universidad.
Por Alfredo Ramírez
