La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) confirmó trata de personas y prostitución al interior del Penal de San Miguel, donde custodios y directivos facilitaban que reclusas acudieran a fiestas dentro del área varonil.
De acuerdo con lo expuesto en un comunicado por el organismo a cargo del ombudsperson José Félix Cerezo Vélez, dentro del expediente 7241/2019 se cuenta con evidencias que hasta noviembre de 2019 se llevaban a cabo este tipo de fiestas al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de las mujeres privadas de su libertad.
“Principalmente los viernes, sábados y domingos, se llevaron a acabo fiestas en las instalaciones del CERESO de Puebla en las que, con la permisividad y/o anuencia de las autoridades penitenciarias, las mujeres privadas de la libertad podían acudir al área masculina del centro penitenciario y algunas de ellas recibían cierta cantidad de dinero por ello”, evidenciando la prostitución y trata de personas al interior de la cárcel poblana.
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Por ello emitió la recomendación 25/2020 dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado por la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al trato digno y a la integridad y a la seguridad personal de las mujeres privadas de la libertad, así como de los menores que viven en el penal.
Esto al corroborar que los pequeños cuentan con servicios deficientes en materia de salud, educación y alimentación, además de no contar con actividades de estimulación temprana, ni con una educación preescolar.
Por ello se recomendó evitar cualquier tipo de contacto entre la población penitenciaria varonil y femenil dentro de las instalaciones del centro penitenciario. Así como realizar las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes, a efecto de que dicho centro, cuente con personal especializado en materias como pediatría, neonatología, estimulación temprana, educadoras y/o puericulturistas, a fin de garantizar la atención profesional especializada para los menores que viven con sus madres privadas de la libertad.
