La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció ante la Fiscalía General del Estado a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y funcionarios municipales por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, peculado, fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades, por entregar a la empresa ‘Atelier Geometrique’ el contrato de barrido mecánico de las principales calles de la capital, a pesar de que la licitación debió ser declarada ‘desierta’.
Dicho contrato se firmó por 64 millones 976 mil 999 pesos a pesar de que la empresa ganadora no contaba con la experiencia necesaria, además de que tan solo tres meses antes había cambiado su giro de “operación y exportación de restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, y comercialización y distribución de alimentos y bebidas en cualquier presentación” a “servicio de limpieza”.
Cabe señalar que esta fue una de las denuncias que llegó a manos de la Comisión Inspectora, y de las que Rivera Vivanco no quiso dar detalles cuando compareció ante la misma al abandonar las instalaciones de la ASE en octubre del año pasado, aludiendo a que entregaba un informe detallado con las respuestas que requerían los legisladores; mismo que acusaron que se encontraba incompleto.
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Fue el pasado 9 de marzo, cuando Francisco Romero Serrano, titular de la ASE, presentó la denuncia ante la FGE por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, peculado, fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de la alcaldesa Rivera Vivanco y otros funcionarios municipales, ya que la empresa no cumpla con los requisitos mínimos de la convocatoria.
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Ante esto el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se debe de investigar el caso.
“Sí, me enteré de esa denuncia, el auditor presentó la denuncia y tendrá que ofrecer las pruebas correspondientes para su determinación de la existencia de los hechos y sobre la legalidad o ilegalidad de los mismos”, dijo el mandatario estatal.
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Asimismo, señaló que en Puebla los servidores públicos deben ser los primeros en hacer y cumplir la ley para no pasar por ese tipo de señalamientos sobre presuntas irregularidades.
Esta es la primera de las cinco denuncias que existen ante la ASE, por lo que la alcaldesa podría ser procesada, encarcelada e inhabilitada de la función pública en caso de ser sentenciada.