Con el decreto que firmó el pasado 8 de agosto el gobernador Miguel Barbosa Huerta para indultar a mujeres encarceladas por el delito de aborto, en Puebla serán beneficiadas al menos 13 pues hasta febrero del 2018, es el número de procesadas y solo en uno de los casos se había dictado sentencia.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, el mayor número de casos se dieron en 2014 con un total de seis mujeres, seguido de 2013 cuando cuatro mujeres llegaron a juicio por haber abortado. Otro caso se registró en 2015 y dos más en 2016, radicados en distintos juzgados.
En solo uno de los casos se ha dictado una sentencia mientras que el resto está en espera pero mientras, las mujeres señaladas están privadas de su libertad.
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Todas ellas podrán recuperar su libertad en el gobierno de Miguel Barbosa quien se ha declarado un aliado de las mujeres y la semana pasada lo demostró con la firma de dicho decreto con el que se iniciarán los procedimientos legales para la preliberación o indulto de aquellas que fueron detenidas y encarceladas por interrumpir su embarazo o por haber perdido a sus bebés de manera accidental.
Actualmente el Código Penal establece hasta cinco años de prisión contra la mujer que aborte en Puebla, pena que puede bajar “según la fama” de la señalada. Es decir, si no es acusada de llevar una vida “dudosa”, pasará menos tiempo tras las rejas.
En la reforma que se realizó en 2009 para endurecer las penas por este delito, a petición del PAN, al médico o partera que acceda a practicar este procedimiento también puede ser privada de la libertad hasta 3 años e inhabilitación para ejercer su profesión hasta 5 años.
Aquel que obligue a la mujer a cometer el delito sea cual sea el método que aplique también puede pasar de tres a seis años en la cárcel y si emplea la violencia física o moral la pena aumenta de 6 a 8 años de prisión.
Con la propuesta del morenista se espera que durante su administración las mujeres ya no sean criminalizadas por decidir sobre su cuerpo, mientras que en el Congreso local los legialadores no han logrado ponerse de acuerdo para permitir el aborto legal como demandan las activistas, pues principalmente la fracción parlamentaria de los panistas se opone.
Lo único parecido que ha ocurrido es que la priista Rocío García Olmedo ha propuesto reformar el Código Penal para dar opción a las mujeres que aborten de realizar trabajo comunitario en lugar de ir a la cárcel como marca la ley actualmente.
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