Ramón Caro Bones pasea en Huauchinango como si no existiera una orden de aprensión en su contra, por el delito de sustracción de menores que cometió el 12 de marzo de 2022. Ese día Ramón se llevó a Tijuana a su hijastra Andrea, de 16 años, y la hija de ambos, Sherlyn, de un año, quien es producto de haber violado a Andrea cuando tenía 14. También se llevó a su hija Ximena, de 8 años, a quien procreó con su expareja Miriam Vázquez, madre de Andrea.
Ramón goza de impunidad gracias a la protección de su hermano Celestino Martínez Bones, juez de Oralidad Penal y Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, quien a finales del pasado mes de julio dio un fallo no vinculatorio a favor del periodista Arturo Rueda, recientemente puesto en libertad.
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El juez Martínez Bones fue rotado de la región judicial de Zacatlán tras el escándalo en el que se vio inmerso, de forma indirecta, a mediados de agosto de 2022, porque otro juez de Huauchinango, Lucio León Mata, reclasificó el delito de violación por estupro que cometió el hermano del primero en contra de Andrea, argumentando que no había pruebas físicas del delito que se cometió en 2022.
Miriam Vázquez, en ese entonces y ahora, aseguró que el juez Martínez Bones es un hombre respetado y temido en toda la Sierra Norte de Puebla, en donde ha hecho su carrera judicial y ese es el motivo por el que Ramón goza de privilegios e impunidad.
El pasado 1 de septiembre, llena de miedo y con unos cuantos pesos en su bolsa, Miriam Vázquez viajó de Huauchinango a Chignahuapan para presentarse en el Centro de Convivencia Familiar, para un estudio socioeconómico que le realzarían a ella y a su expareja Ramón. Solo Miriam se presentó.
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Ella no comprende por qué, en lugar de aprenderlo por la sustracción de menores o de llamarlo para reponer el proceso por el delito de violación de su hija Andrea —luego que se desechara el del delito de estupro—, lo citan ante un trabajador social de nombre Edgar Wilfrido Hernández González.
Revictimizaron a Miriam, una vez más, cuando la cuestionaron sobre unas reparaciones que realizan al interior de su vivienda unos albañiles. Hernández González le dijo que cómo es posible que hagan trabajos de remodelación si los gastos de manutención de cinco niñas arrojan números rojos.
Ella, como muchas mujeres, tiene trabajos temporales, vende productos y además tiene amistades que la apoyan, al igual que su mamá, una migrante que se ha vuelto la proveedora de ella y de sus nietas desde que se separó de Ramón, en 2021.
Por supuesto que esto no se lo explicó Miriam al trabajador social, quien le solicitó que le lleve recibos de todo lo que gasta para poder comprobar 20 mil pesos mensuales invertidos en luz, teléfono, medicamentos, comida, leche y pañales para Gianna de 3 años (hija de Miriam y Ramón) y Sherlyn de 2 años (hija de Andrea y Ramón).
Queda claro que en el Poder Judicial no tienen la menor intención de dar justicia a las mujeres. El caso de Miriam Vázquez, sus hijas y su nieta involucra a seis mujeres: Miriam, Andrea, Paola, Ximena, Gianna y Sherlyn. Miriam sufrió de violencia vicaria; Andrea, Ximena y Sherlyn fueron víctimas de sustracción de menores; a Andrea la violaron y su padrastro la embarazó; Ximena, Gianna y Sherlyn, hijas de Ramón, no reciben pensión de alimentos.
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Miriam está desesperada, en el limbo, sin dinero, lejos de la capital poblana para contar con el apoyo de colectivas. Tampoco tiene abogado de oficio, la Fiscalía General del Estado también la dejó sola y ella contrató unos abogados de Hidalgo que le piden dinero para poder agilizar la aprensión de Ramón.
Miriam tuvo el valor de decir ante el exgobernador Miguel Barbosa Huerta que la drogó y abusó sexualmente Mario ‘N’, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (Ceavi), en la Casa de Justicia de Huauchinango. Mario ‘N’ le ofreció ayuda para recuperar a sus hijas, que en ese momento estaban sustraídas por su expareja.
Miriam recuerda que la justicia no existe para las mujeres y que, por más fuerte que gritemos, si hay alguien que trafique influencias en el Poder Judicial o en la Fiscalía, los casos se olvidan, mientras el dolor de ellas permanece para siempre.
Justo por eso, Helena Monzón —hermana de Cecilia Monzón, activista y abogada feminista víctima de feminicidio por su expareja, el político priista Javier López Zavala— recientemente expresó su preocupación por los cambios en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y en el Tribunal Superior de Justicia, considerando que hay influyentismo político que beneficiará al asesino de su hermana.
Miriam Vázquez y Cecilia Monzón tienen una historia en común: sus agresores gozan de relaciones familiares o políticas con quienes deberían impartir justicia pronta y expedita. Sin embargo, una de ellas, aunque con vida, está sola, apartada en un rincón del estado, consciente de que no debe bajar la guardia ni un solo momento; la otra ya no está con nosotras, pero tiene a Helena y a muchas más que harán ruido hasta obtener justicia.
Alcemos la voz por Miriam Vázquez y por Cecilia Monzón. ¡Justicia!
¡Insurrectas en pie de lucha! Si tocan a una, respondemos todas.
Por Mónica Franco/ @monisfranco
