El Corporativo Gayoso negó haber dejado en la calle a la familia de Ignacio, uno de los prestanombres del exrector de la BUAP, Alfonso Esparza, quien fue detenido a inicio de este año.
En su derecho de réplica afirmó que la familia de Ignacio y de forma particular su hermana Claudia no pagó los servicios al despacho.
Esto tras la versión de que la familia entregó 6 millones de pesos al corporativo (en una casa, un terreno y una camioneta) y de que este no cumplió con sacar de prisión a Ignacio.
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La versión del despacho es que Claudia cubrió solo un millón de pesos y que la camioneta de 200 mil pesos, una Ford Escape, fue devuelta porque no tenía factura. El terreno y la casa en mención nunca fueron entregados al corporativo.
Los miembros del despacho se dijeron traicionados por la familia de Ignacio y por Romero, un abogado al que invitaron a llevar el caso de Ignacio.
En la audiencia de julio de este año, Ignacio desconoció a Gayoso como abogado y nombró en ese momento a Romero y a otra licenciada en Derecho como sus representantes legales.
La traición de Romero fue porque solicitó menos dinero a la familia para llevar el caso de Ignacio, implicado en más de una treintena de empresas fantasma usadas para desviar recursos de la BUAP.
El corporativo Gayoso afirmó que, tras solicitar el pago restante establecido en el contrato, recibió amenazas de Claudia y del propio Ignacio.
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Días después las oficinas del corporativo fueron vandalizadas, rompieron puertas y muebles, por lo que el despacho presentó una denuncia por los delitos de amenazas y robo contra la familia de Ignacio.
El despacho asegura que el millón cobrado a la familia no cubre todo lo que hicieron por ella, pues afirmó que evitaron que 50 empleados de una de las empresas de Ignacio lincharan a Claudia.
El despacho negoció con los trabajadores para cerrar la relación laboral con dicha empresa. Y aseguró que no podrían quedarse con propiedades del detenido, porque estas se encuentran aseguradas por la Fiscalía.
