Por José Rogelio Mascorro Menéndez
Tras cerca de dos meses de opacidad, el gobierno de México reconoció el 16 de abril que la fuga de hidrocarburos en el Golfo de México fue originada el 6 de febrero por una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas en una plataforma ubicada en la sonda de Campeche.
Las declaraciones desmienten la versión oficial anterior, que apuntaba como responsables a dos emanaciones naturales de crudo y a un vertimiento ilegal de un buque, y coincide plenamente con los señalamientos de diversas organizaciones de la sociedad civil, investigadores y activistas, quienes, con apoyo de testimonios y el rastreo de imágenes satelitales, habían llegado a la misma conclusión con semanas de anticipación.
La recolección del crudo y la certeza sobre los orígenes del derrame, sin embargo, no significan el fin de la crisis. Los efectos ya visibles entre las comunidades pesqueras y ecosistemas costeros seguirán por dimensionarse en las próximas semanas.
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Por ahora, se tiene documentada la afectación en la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y en más de 933 kilómetros de litoral, afectando por lo menos a 20 mil pescadores, y provocando ya algunos padecimientos gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados, de acuerdo con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México. Asimismo, el gobierno federal reportó más de 900 toneladas de crudo recolectadas.
Junto a los arrecifes y playas, se encuentran también amenazadas las lagunas costeras –abundantes en las costas llanas del Golfo de México– y los manglares que en ellas se desarrollan, ecosistemas vitales para los equilibrios costeros y que concentran una gran cantidad de especies.
De acuerdo con una ficha Ramsar para la conservación de humedales, el 80% de peces de la plataforma del Golfo de México dependen de estos ecosistemas para su reproducción y alimentación. De igual modo, especies marinas endémicas del Golfo de México como la tortuga lora y la ballena de Rice –esta última en peligro crítico de extinción–, se encuentran altamente amenazadas por este tipo de derrames.
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No obstante, la triste realidad del Golfo de México no se limita a la gran magnitud del reciente derrame. Este tipo de hechos ocurre con bastante frecuencia, aunque con proporciones variadas, por lo que no puede tratarse como un caso aislado.
Tan sólo en las últimas semanas, Pemex registra diversos incidentes relacionados con derrames: el 14 de abril se reportó un derrame en el arroyo Hueleque, en Poza Rica y Coatzintla, Veracruz; el 12 de abril se reportó un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston por parte de la refinería Deer Park; y el 17 de marzo se registró un incendio en la refinería Dos Bocas provocado por el desbordamiento de aguas con residuos de hidrocarburos, esto sin considerar las posibles afectaciones por el incendio en una bodega de coque en la misma refinería el pasado 9 de abril. Este recuento, dicho sea de paso, sólo incluye incidentes en tierra.
El portal Mongabay Latam y la organización Data Crítica reportaron el año pasado un subregistro del 60% de incidentes en instalaciones petroleras marinas entre 2018 y 2024. Documentaron, además, que de 48 procesos sancionatorios contra empresas extractoras de petróleo en el Golfo de México llevados a cabo en este mismo periodo, sólo en 21 se establecieron multas, de las cuales sólo 8 han sido pagadas.
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Lo que observamos, en este contexto, es cada vez mayor fragilidad en las convicciones gubernamentales por la conservación, y una voluntad política cada vez más alineada con los intereses petroleros. El reciente anuncio de la evaluación sobre la viabilidad del fracking en México se articula como otro síntoma de una agenda de cuidado socioambiental relegada en tiempos de cambio climático.
Por si fuera poco, el Comité de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos aprobó por unanimidad el 31 de marzo el retiro de las limitaciones impuestas a empresas petroleras en la prospección de petróleo y gas en el Golfo de México, limitaciones destinadas a la protección de especies marinas amenazadas. Esta acción está precedida por la aprobación de un proyecto de perforación en aguas ultraprofundas frente a las costas de Luisiana, a cargo de la petrolera BP.
La crisis del Golfo de México seguirá. La explotación petrolera atenta no sólo contra la biodiversidad de sus costas, sino contra la sostenibilidad económica de quienes las habitan. Proteger nuestros ecosistemas costeros es proteger nuestro territorio y nuestras comunidades. Mientras los intereses sigan alineados a los combustibles fósiles y su alto valor energético, los gobiernos y las grandes petroleras transnacionales seguirán hipotecando nuestro futuro.
