Aun con el antecedente del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres (2005-2011), parece que ningún funcionario ha entendido que meterse con un o una periodista los puede llevar a la cárcel.
Eso, cuando no los mandan a matar, como recurrentemente ocurre cuando la crítica, los cuestionamientos, las publicaciones que los exhibe, les molesta.
Hemos comprobado en los últimos años que nada cambió con la llegada de Morena al poder, aunque parte del discurso que usaron para llegar fue el defender la “libertad de expresión”.
Todo lo contrario, llegaron más opacos, soberbios, intolerantes al mínimo señalamiento.
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Pruebas hay muchas a nivel nacional, y da la impresión que todos se creen Andrés Manuel López Obrador, con el derecho de incitar al odio contra los periodistas, de mandarlos a callar o a torturar…
No olvidamos que el expresidente usó la máxima tribuna en el país para denostar a cada rato, la labor periodística, y eso aprendieron los morenistas.
Un claro ejemplo de esos abusos, en la época de la llamada 4T, es el caso de la expresidenta de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, quien presuntamente mandó a torturar sexualmente a las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López el 10 de marzo de 2023.
Ellas, junto con otras personas, fueron detenidas por policías municipales y torturadas en los separos, tras participar en una marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer en el municipio.
Para la buena suerte de las reporteras, lleva su caso los mismos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que respaldaron a Lidya Cacho en el juicio contra Mario Marín, quien actualmente está preso en el penal del Altiplano, acusado también del delito de tortura.
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La fiscalía federal ha logrado integrar 12 tomos que dan detalles de cómo ocurrieron los hechos y su meta es conseguir que Irene Olea pague con cárcel. Que corra con la misma suerte que Mario Marín.
Por ahora, un juez de control vinculó a proceso a Irene Olea por su presunta responsabilidad en el delito de intimidación, en agravio de testigos, durante la investigación en el caso de las hermanas Hoyos López.
Recordemos que una de las testigos clave en este caso —Socorro Barreda—la asesinaron en junio de 2024, cuando estaba a punto de rendir su declaración ante una autoridad judicial.
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Ella era expolicía, encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el municipio de Izúcar de Matamoros.
Las similitudes del caso Marín-Cacho, con este, pone a Puebla otra vez en el foco nacional, e Irene Olea, está en la tableta de terminar muchos años en prisión.
