Fue el 7 de noviembre de 2012 cuando el Congreso local tipificó el feminicidio como delito grave en Puebla, a propuesta del entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, del PAN.
En ese entonces, se establecieron sanciones de 30 a 50 años de prisión, y los legisladores se vieron obligados a discutir este tema en medio de presiones de organizaciones civiles que exigían una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, debido a los homicidios por machismo que no cesaban.
Al año siguiente, el 11 de julio de 2013, por mayoría, los legisladores también aprobaron derogación del artículo 338 del Código Penal el atenuante que permitió durante los últimos 150 años, reducción de penas a hombres que comprobaban que mataron en “estado de ira” a su cónyuge tras encontrarla en un acto de adulterio.
Sí, desde la ley, hasta en ese año, hasta se justificaba el asesinato de las mujeres en la entidad. Se reducían penas a los hombres que actuaban violentamente, hasta llegar a matar, en una situación de infidelidad.
Para el año 2015, y después de uno de los feminicidios que más llamó la atención nacional, el de Karla López Albert — asesinada entre el 30 y 31 de enero de 2014 por el padre del hijo de cinco meses que esperaba, Manuel Forcelledo Nader— se legisló nuevamente para agravar las penas contra los feminicidas.
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El primero de julio de 2015, a iniciativa de la entonces priista, Silvia Tanús, se reformó el artículo 338 Bis del Código Penal local para aumentar a 60 años de cárcel contra quien cometiera el delito de feminicidio. La justificación en ese entonces fue para homologar con la ley federal.
Debido a que los casos no tenían fin y los hombres seguían y seguían matando a mujeres, incluidas a embarazadas, de manera conjunta, coordinadores de diversas fracciones parlamentarias propusieron y aprobaron en ese mismo año, en septiembre de 2015, elevar a 70 años de prisión contra el feminicida de embarazadas.
Actualmente, el l código penal está así: hasta 60 años de prisión contra quien cometa feminicidio y 70 si la mujer estaba embarazada.
Apenas en julio de 2023, y en esta lucha de seguir estableciendo desde la ley los castigos, la diputada Mónica Silva del PT, propuso elevar hasta 70 años la pena por feminicidio contra agresores de niñas y adultas mayores.
Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado desde la ley para castigar a los feminicidas, el delito no ha cesado y parece no tener fin sino se trabaja desde la raíz: en las familias para educar a hombres capaces de manejar su frustración e ira, de simplemente respetar a las mujeres.
El feminicidio de María Elianet Sandoval, presidenta del DIF de Acteopan, Puebla, nos obliga otra vez cuestionarnos qué tanto se ha avanzado en la prevención de este delito.
Como seguramente ya saben, ella fue víctima de su propio esposo, el presidente municipal, Álvaro Tapia, quien según la fiscalía local, la golpeó, atropelló y mató, porque al machito no le gustó que su esposa le pidiera manejar con cuidado cuando circulaban en el centro de Izúcar de Matamoros la noche del 21 de junio pasado.
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Debido a las presiones y la atención nacional que atrajo este caso, pues se involucró un servidor público en el feminicidio de su esposa, el hombre no duró ni una semana fugitivo ya que el 27 del mismo mes, fue aprehendido en Morelos, en donde había llegado a rentar.
El panorama cada vez es más desolador a pesar de las leyes que existen.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 —cuando se elevó la pena a 60 años de cárcel— a 2023, los casos aumentaron en un 483.3 por ciento al pasar de seis a 35 feminicidios.
Tan solo de enero a mayo de este 2024, han ocurrido 20 casos, y eso solo tomando en cuenta los datos oficiales porque ya sabemos que hay hechos que no quedan registrados en la fiscalía o de plano, no los registran como feminicidios sino como otros delitos como homicidios dolosos.
