Ahora que el gobernador Miguel Barbosa abrió la cloaca sobre el destino de las lajas originales del Zócalo de Puebla, muchos son los personajes que ya se pusieron nerviosos por miedo a formar parte de las investigaciones que ya se abrieron.
Aunque el propio mandatario ya dejó en claro que los delitos que pudieran derivar ya prescribieron si se toma en cuenta que lo último que se supo es que fueron trasladadas al menos mil 600 piezas al Parque de Maquinaria de la Unidad Habitacional La Margarita en enero de 2008, indagando un poquito más, uno que otro puede caer hasta en la cárcel.
Esto, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad se siguen vendiendo las pocas piezas que quedan en 35 pesitos cada una.
¿Quién autorizó el traslado de las lajas del Parque Maquinaria a una bodega de la Unidad Habitacional La Guadalupana?
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Se supone que el inmueble está bajo resguardo del sindicato del Ayuntamiento de Puebla que anteriormente era encabezado por Israel Pacheco y ahora por Gonzálo Juárez.
¿Apoco ninguno de los dos se dio cuenta que sus bodegas eran saqueadas?, ¿qué tanta responsabilidad puede tener uno y otro?
¿En verdad ninguno de los expresidentes municipales: Blanca Alcalá, Eduardo Rivera Pérez, Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato se dio cuenta sobre la existencia y/o el robo de las lajas?
¿Y la responsabilidad de la actual alcaldesa Claudia Rivera Vivanco?
¿Para el INAH, estas piedras históricas ya no tenían ningún valor por eso las olvidó?
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Son muchas las preguntas por las que se buscan respuestas para entender cómo es que a nadie le interesó salvaguardar las lajas con valor histórico.
De entrada, aquí se constituyen dos delitos: daño en propiedad ajena. El articulo 413 fracción III dice que quien en forma dolosa cause daño, alteración, destrucción o deterioro al patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y/o cultural del Estado merece de tres a seis años de prisión.
El otro es el robo. Cuando el objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de cualquier objeto, componente o material utilizado en la prestación de algún servicio público, puede ser acreedor de cuatro a ocho años de prisión.
Eso, si la Fiscalía General del Estado logra ubicar al menos a los que están vendiendo en 35 pesos cada una de las lajas.
Seguramente con la Policía Cibernética logrará ubicar a los vendedores, que son el primer escalón para llegar a los otros involucrados en este saqueo, pues no creo que únicamente sean trabajadores de tercer o cuarto nivel los que estén en esto.
