¿Quién no quiere justicia para las víctimas de algún delito en este país?
Yo creo que la gran mayoría de los mexicanos de bien, deseamos ver en la cárcel a todo aquel que haya asesinado, robado al erario público, que por su mala decisión se hayan dado daños colaterales, etcétera.
Entonces, ¿por qué menos del 8 por ciento del listado nominal de electores, 7.2 millones de un total de 93.5 millones, participó en la famosa consulta popular que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador?
¿A quién le echamos la culpa de esta pírrica participación ciudadana cuando se esperaba que acudieran a las urnas al menos el 40 por ciento de los mexicanos?
¿Quién ganó y quién perdió en este ejercicio democrático en el país?
Yo creo que de entrada, perdieron los familiares de las víctimas que sigue rogando por justicia por hechos pasado en administraciones.
Como siempre, quedaron nuevamente en medio de un juego cruzado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición.
Por un lado, el gobierno y seguidores de López Obrador polarizaron esta consulta, difundieron mentiras como el hecho de que se trataba de una consulta para “enjuiciar” a expresidentes de México desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, cuando no fue así.
Si leen la pregunta, tan enredada que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no va en ese sentido, sino por las decisiones tomadas en el pasado, cualquier funcionario que haya sido, más encaminado en crear la comisión de la verdad para ello.
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Por otro lado, los odiadores de Andrés Manuel hicieron todo para inhibir la participación y de alguna forma, lo consiguieron, solo porque sí, más allá de que “la ley no se consulta”. Fue más para darle una lección a López Obrador y vea que no tiene tanto poder de convocatoria.
Así pues, más que una consulta popular, fue un encuentro de medición de fuercitas entre el presidente y sus detractores. Aún así, López Obrador sigue sin entender que su papel es unir, pero sigue dividiendo al país, buscando culpables de lo que le sale mal, y ahí es en donde nuevamente pierde seriedad.
Es una lástima que este ejercicio haya sido desairado, en el que se presupuestaron 528 millones de pesos… tanto dinero, tanto esfuerzo de quienes dedicaron su domingo en ser funcionarios de casilla para nada, porque lo que es un hecho, no pasará nada.
Ahora, si el gobierno actual tiene tanta voluntad de hacerle justicia a las víctimas, debe iniciar o dar seguimiento ya a los casos en los que hay pruebas, en los pendientes que no han prescrito y perder menos el tiempo.
En esos casos no requiere de una consulta ciudadana para actuar. Es como si en el caso de Puebla, Miguel Barbosa Huerta hubiera hecho una consulta para preguntar si mete a la cárcel o no a quienes se enriquecieron ilícitamente en gobiernos pasados como el caso de Eukid Castañón.
