La iniciativa que pretende combatir a las empresas fantasma y a los emisores y compradores de facturas falsas en perjuicio de las finanzas públicas avanza rápido en el Congreso de la Unión: este martes fue aprobada con 82 votos a favor y 34 en contra en el Senado para ser turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y futura aprobación.
Pero, ¿qué implica esta reforma? ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Estamos a punto de entrar en una etapa de terrorismo fiscal? ¿Es una medida autoritaria?
Mientras la Cámara alta debatía, Expansión platicó con el presidente de la Comisión de Hacienda y senador de Morena por el estado de Puebla, Alejandro Armenta, sobre el impacto de esta medida:
¿Habrá terrorismo fiscal?
No hay terrorismo fiscal. Es una iniciativa a favor de los empresarios porque combate la competencia desleal. Es una iniciativa contra los políticos que se hicieron delincuentes y los delincuentes que se hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios para evadir los impuestos.
¿Cómo operará?
Habrá dos categorías de delincuentes fiscales: peligrosos y no peligrosos. Estos últimos son aquellos que cometen un solo delito de manera esporádica y con cuentas reducidas. Los peligrosos son considerados aquellos con una factura que ocasione un daño de 7.8 millones de pesos (mdp), que ampare un monto total de 30 mdp. El que emite una factura de 30 mdp sabe lo que está comprando y lo que está vendiendo. No tiene que ver con los micro y pequeños empresarios.
¿Qué pasará con los inculpados?
Para los que entren en la categoría de delincuentes peligrosos habría la posibilidad del perdón. Obviamente estamos planteando que los delitos típicamente cometidos por las empresas ameriten prisión preventiva oficiosa.
En el caso de los no peligrosos la reforma contempla salidas externas a los evasores fiscales de menor peligrosidad, siempre y cuando de manera inmediata reparen el daño. Si reparan el daño no va a haber ningún problema, pero son los que por primera ocasión cometen un delito y no es su modus vivendi.
¿Han platicado con los grupos empresariales?
Hemos dialogado con ellos. Hoy (martes) en la mañana estuvimos con el secretario técnico de la Asociación de Bancos de México (ABM) y con el Consejo Coordinador Empresarial. Hay un diálogo permanente. Tuvimos 7 meses de diálogo, 7 meses analizando esta iniciativa y fueron 12 reuniones de análisis-discusión donde se recogieron propuestas de los empresarios y de los senadores. Hubo un conjunto de planteamientos que hicieron 15 modificaciones a la minuta original. Se recogieron planteamientos de los senadores del PRI, del PAN y de los empresarios.
¿Cuánto es lo que esperan recuperar en recursos con esta reforma?
Estimamos que hay 1 billon de pesos de saqueo, pero (prevemos) recuperar entre 250,000 mdp y 400,000 mdp en dos años como máximo.
Durante la discusión en el Senado, el legislador Ricardo Monreal propuso modificaciones para satisfacer las propuestas de grupos económicos: 1) poner un parámetro que de hasta 8 mdp se considere al pequeño contribuyente y a ese universo de los que tengan anualmente 8 millones de expedición de facturas no les afecte la disposición en prisión oficiosa ni en delincuencia organizada. Es decir, que podrá en libertad asumir su responsabilidad cuando sea primodelincuente. 2) Adicionar la palabra “a sabiendas”, es decir que el implicado sabía del delito que estaba cometiendo.
Crédito: Expansión Política
