A fin de impedir el ingreso de mandos y policías vinculados con organizaciones criminales, el gobernador presentó una reforma para castigar hasta con siete años de prisión a quienes acepten un cargo en la seguridad pública sin contar con la certificación correspondiente.
Este 1 de diciembre la iniciativa fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado, para incorporar fracciones al artículo 429 del Código Penal del Estado en el que se sanciona el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.
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“Articulo 418.- Se impondrá prisión de tres meses a siete años y multa de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito a la persona que acepte el empleo cargo o comisión en alguna de las instituciones policiales sin contar con Certificado Único Policial o registro vigente establecidos en la ley de seguridad Pública del estado de Puebla”.
Mientras que los funcionarios públicos municipales cometerán el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, al momento de contratar o designar a elementos de seguridad pública sin contar con los certificados y registros vigentes; y en caso de que no quieran separar del cargo a los mandos en funciones que no cuenten con su documentación en regla, por lo que alcaldes alcanzarán hasta seis años de prisión.
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Asimismo, la iniciativa contempla modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, para que los cuerpos de seguridad pública municipal cuenten con la certificación y registro dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Además de sanciones a policía sin certificación, se busca eliminar compadrazgos en municipios
Al evitar que algún policía sin certificación en Puebla se buscará también terminar con los compadrazgos en la designación de mandos y cuerpos policiacos, después de que en semanas pasadas se evidenciaron casos de vínculos entre elementos de seguridad pública y el crimen organizado.
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A inicios de noviembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta evidenció que uno de los policías ejecutados en Chignahuapan contaba con una orden de aprehensión, aunque no se especificó el delito.
Además de que el mando desmembrado en Tulcingo del Valle, había previamente ejecutado a cuatro personas en el estado de Hidalgo, por lo que ‘justicieros’ lo asesinaron.