Una mafia conformada por empresas y funcionarios, se coludieron para ganarle litigios al Gobierno de Puebla, mismos por los que ahora el estado debe pagar más de cuatro mil 600 millones de pesos.
Lo anterior reveló este 14 de enero el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien sostuvo que al inicio de la administración de Alejandro Armenta, encontraron un total de 89 litigios entre el estado y empresas.
El funcionario explicó que las disputas legales vienen de otros gobiernos y son por obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pago de facturas.
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Las 89 batallas legales representan un monto total de cinco mil 495 millones 445 mil 428.64 pesos que, de perderlas, deben pagarse con recursos públicos.
De hecho, 29 de estos litigios ya tienen sentencia firme que representan mil 576 millones 129 mil 296.86, aunque la cifra puede duplicarse tomando en cuenta las actualizaciones del año de la sentencia.
García Parra aseguró que el gobierno en turno está planeando estrategias para no dañar las finanzas del estado y disminuir el pago de estos contratos.
Con nueve contratos, mafia de empresas y funcionarios obligan al gobierno por 4 mil 600 millones
Pese al abultado número de litigios en curso, son nueve los que la mafia de empresarios y servidores públicos tienen al estado endeudado.
Estos nueve juicios significan un monto de cuatro mil 651 millones 179 mil 36.61 pesos a pagar.
Actualmente, tres ya tienen sentencia firme que representa una deuda de mil 213 millones 496 mil 36.61 pesos.
El coordinador también reveló que el modus operandi de esta mafia queda en evidencia con cuatro contratos que están en litigios.
Todos fueron realizados a precio alzado, lo que significa que legalmente no podían modificarse, ni en el plazo a pagar ni en el monto. Uno es por la rehabilitación del Hospital de la Niñez Poblana.
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No obstante, los gobernantes de esos años sí hicieron modificaciones una vez que las obras o servicios concluían, mediante “boletines informativos” que servían para acreditar obras y volúmenes adicionales.
Con esto, aún con las obras pagadas, las empresas demandaron al estado pidiendo los pagos adicionales de los boletines.
A esto se suma la colusión del Poder Judicial y estrategias como el cambio de domicilio, lo que ha llevado a litigar en estados como Nuevo León.
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Los cuatro juicios ya tienen sentencia, uno totalmente perdido, que suman una deuda de 391 millones 787 mil 906.98 pesos, aunque con actualizaciones la cifra final puede llegar hasta los 854 millones 48 mil nueve pesos.
“Todo esto lo estamos litigando, estamos presentando expedientes y estamos poniendo demandas, porque no podemos permitir que servidores públicos y empresas se sirvan del gobierno, cuando hay tantas necesidades”, dijo.
